El debate sobre los comentarios de Hebe Casado, vicegobernadora de Mendoza, escaló al ámbito político tras su tuit denigrante hacia la Selección francesa. La funcionaria acusó al equipo galo de ser un «equipo africano flojo de modales» luego de que los jugadores los eliminaran del Mundial. Sus palabras generaron rechazo en sectores públicos y privados, incluido el embajador francés en Argentina, Romain Nadal, quien destacó que «el racismo no es una opinión, es un delito» y declaró a Casado «persona no grata», limitando su acceso a las instituciones francesas.

A pesar de que el gobernador Alfredo Cornejo envió una carta al embajador desligándose de los dichos de su vice, el conflicto no se resolvió. El lunes, 15 dirigentes de la Unión Cívica Radical (UCR) local presentaron ante la Cámara de Diputados de Mendoza un pedido de juicio político. En el escrito, se señala que Casado incurre en dos causales: «mal desempeño de sus funciones» y «conducta impropia». Los radicales argumentan que su postura fue agravada cuando, «no conforme con el daño ya hecho y la repulsa generalizada», Casado defendió sus declaraciones como «folklore futbolero».

La polémica refleja tensiones internas en el radicalismo mendocino, donde sectores conservadores cuestionan la postura de Casado, mientras que otros defienden su autonomía. Además, el episodio resalta la sensibilidad del tema racial en la política argentina, donde gestos como los de Casado generan debates sobre el lugar de las críticas en la arena pública. La vicegobernadora, por su parte, ha rechazado «censura» y afirmado que sus palabras no tienen intención de ofender.

La Cámara de Diputados de Mendoza aún no ha confirmado si iniciará el proceso. Sin embargo, el escrito del radicalismo anticipa que el conflicto podría llegar a la Justicia, lo que generaría un impacto en la imagen de Cornejo, cuya administración ya enfrenta críticas por su gestión en la provincia. La situación también pone en relieve el rol de las autoridades en la moderación de discursos políticos en un contexto de creciente polarización.

El juicio político podría marcar un hito en la relación entre el radicalismo y la gobernación mendocina, mientras que el caso abre un espacio para reflexionar sobre el uso de la retórica en la política argentina. La Cámara de Diputados evaluará la solicitud en las próximas semanas.