Manuel Adorni, exjefe de Gabinete de la Nación, enfrenta una investigación que revela gastos millonarios en tarjetas de crédito durante su etapa como funcionario público. En dos años y medio, su consumo mensual excedió su sueldo, acumulando un total de 139.110.716,6 pesos. Los datos, obtenidos por el fiscal Gerardo Pollicita, forman parte de una indagación que examina movimientos financieros sospechosos del exfuncionario.

El fiscal ha solicitado un informe detallado sobre los movimientos de Adorni en tarjetas de crédito, incluyendo transacciones realizadas con tarjetas de terceras personas. A pesar de haber declarado la tenencia de dólares, los investigadores dudan de su explicación sobre el origen de esos recursos. La fiscalía busca esclarecer si los gastos se financiaron con activos ocultos o si hay inconsistencias en la declaración de patrimonio.

Desde hace quince días, la Oficina Anticorrupción (OA) analiza las declaraciones patrimoniales de Adorni, que incluyen 22 informes. La corrección de sus datos mostró una reducción significativa en su patrimonio: pasó de 61 millones en 2023 a 107 millones en 2024. Sin embargo, en 2025, el valor de sus bienes al inicio del período fiscal se ajustó a 622 millones, lo que resultó en un patrimonio final de 944 millones. Esta cifra incluye inversiones en criptomonedas que, según la justicia, podrían estar relacionadas con la tenencia de dólares no declarados.

El fiscal Pollicita señala que las transacciones en criptomonedas, especialmente los 200.000 dólares que Adorni alegó invertir, son objeto de dudas. La justicia cuestiona si el exfuncionario realmente controlaba esos activos o si se trata de una explicación falsa. La corrección de sus declaraciones patrimoniales, que ahora no incluyen las cifras anteriores, sugiere una intención de adaptarse a la investigación. Sin embargo, las autoridades insisten en profundizar en las fuentes de esos recursos, especialmente tras el hallazgo de una propiedad adquirida en 2024, que no fue declarada previamente.

Adorni deberá comparecer ante la justicia federal para explicar los movimientos financieros que generan dudas. La investigación continúa abriéndose a nuevas líneas, incluyendo la posible participación de su esposa en la gestión de los activos no declarados. El escrutinio judicial no se limita a los gastos en tarjetas, sino a la transparencia de su patrimonio y la legitimidad de sus inversiones.