El juez Walter Candela, del Tribunal Oral en lo Criminal N° 26, condenó a Enzo Andrés Trillo y Marcelo Jorge Agüero por secuestrar a dos hermanos adolescentes en un predio de Argentinos Juniors. Los delincuentes amenazaron con armas y robaron a los jóvenes al salir de entrenamiento, lo que se configuró como extorsión y robo agravado. Las penas, sin embargo, quedaron reducidas por la situación de calle de los acusados, su dependencia de sustancias y el hecho de que ejercían oficios.

Trillo, a quien se le unificó una condena previa, recibió ocho años y seis meses, mientras que Agüero fue sentenciado a seis años. Ambos serían castigados por la suma de los delitos, que en teoría podrían alcanzar hasta 10 años de cárcel. La decisión del magistrado consideró que los atenuantes justificaban una reducción del máximo previsto, aunque el delito no fue excusado. Katherine Aylén Trillo, pareja de Agüero y hermana de Trillo, fue condenada a tres años por facilitar una cuenta virtual para cobrar el rescate.

El fallo detalla que Trillo y Agüero actuaron en coordinación, repartiendo roles en la comisión del delito. A diferencia de ellos, la participación de la mujer fue «relegada a un segundo orden», ya que solo facilitó la cuenta bancaria. El juez destacó que la coautoría de los dos hombres se acreditó por su «dominio funcional de los hechos», lo que refleja una organización planificada.

La situación de los acusados, incluyendo su condición de calle y adicciones, fue clave para la reducción de las penas. Candela señaló que «las dificultades propias de subsistencia» y la falta de acceso a recursos legales influyeron en la decisión. Aunque el delito sigue siendo grave, la Justicia priorizó factores socioeconómicos sobre el mero cálculo de penalidad. La condena también incluye el impacto en la comunidad, al haberse cometido el crimen en un entorno de entrenamientos deportivos, donde la vulnerabilidad de los menores fue explotada.

La sentencia pone de relieve la complejidad de casos donde el delito y las circunstancias personales se entrelazan. La reducción de penas no invalida la gravedad del acto, pero refleja una mirada crítica hacia las causas sociales detrás de la delincuencia. La Justicia intentó equilibrar el castigo con la realidad de los acusados, aunque el impacto en la comunidad sigue siendo un tema pendiente.