El reclutamiento ilegal y las promesas de plata

La red de reclutadores opera mediante redes sociales, ofreciendo contratos de hasta tres años con salarios de hasta 3.000 dólares mensuales, seguro de vida y beneficios como el «plus por ponerle el pecho a las balas». Los casos, que comenzaron en 2025, han escalado en 2026, alcanzando a personas de distintos sectores, desde bomberos hasta jóvenes de 18 años. Los fiscales federales Sergio Mola y Cecilia Incardona, junto a la Procuraduría contra la Trata (Protex), investigan cómo se captan y mantienen a los reclutados, muchas veces con pasaportes retuvieron en el extranjero.

Testimonios en la Justicia federal de Lomas de Zamora

En el Aeropuerto Ezeiza, la Justicia federal de Lomas de Zamora maneja decenas de causas relacionadas al tema. Los testigos, como un bombero rosarino o un miembro del Grupo Halcón, relatan que al llegar a Ucrania o Rusia, les fueron negados los pasaportes y se les advirtió que «si se arrepentían, pagarían lo que gastó el reclutador en el viaje». Este esquema, similar a la trata de personas, convierte a los argentinos en víctimas vulnerables, sin posibilidad de retorno sin el dinero pagado. La Cancillería argentina ha reunido casos de solicitudes de auxilio, que coinciden en la dificultad de escapar del esquema.

Alertas internacionales y el abismo de la desinformación

La Interpol lanzó una alerta sobre el reclutamiento ilegal de ciudadanos argentinos, señalando que los casos no son aislados. Sin embargo, la desinformación y la falta de visibilidad en el conurbano dificultan la detección. Aunque algunos reclutados parecen convencidos, como el chico de 18 años cuya madre llamó a la línea 145, otros confirman que no tenían preparación para el combate. El escenario se complica al considerar que los reclutadores aprovechan la vulnerabilidad de personas con dificultades económicas o desempleo, convirtiendo el reclutamiento en un negocio que combina explotación laboral y trata.

La Justicia federal y la Cancillería continúan investigando los casos, pero la red de reclutadores opera con eficacia, aprovechando la desinformación y la falta de control en el conurbano. Con más de 3.000 dólares mensuales, el abismo de la guerra y la falta de alternativas convierten a los argentinos en presas de una trama que cruza fronteras y desafía los mecanismos de protección estatal.