Caso Adorni pone en jaque agenda del Gobierno y retrasa Súper RIGI
El escándalo que envuelve a Manuel Adorni podría frenar la agenda legislativa del oficialismo y postergar la puesta en marcha del Súper RIGI, según analizan fuentes del Congreso.
El escándalo que involucra a Manuel Adorni por presunta corrupción y las tensiones entre la oposición aliada y el oficialismo podrían congelar la agenda del Gobierno en Diputados, retrasando la implementación del Súper RIGI, un proyecto clave para atraer inversiones tecnológicas.
El oficialismo enfrenta un escenario complicado tras la decisión del Senado de no autorizar la sesión que había solicitado la propia Libertad Avanza. Esta postura agudiza las tensiones, ya que el oficialismo busca evitar que se abra el recinto y la oposición avance con una interpelación o un eventual desplazamiento del jefe de Gabinete.
Aunque el oficialismo logró avances parciales, como el despacho de comisión del proyecto de promoción de inversiones y el acuerdo para pagar US$ 171 millones a los fondos buitre, ambas iniciativas no alcanzarán la Sala para impedir el avance contra el exvocero.
Martín Menem, presidente de la Cámara baja y principal alfil de Karina Milei, teme que la oposición aproveche la apertura del recinto para impulsar una batería de proyectos, incluyendo una interpelación y una moción de censura contra el jefe de Gabinete. Menem está evaluando postergar el debate del Sú también debido al riesgo de que la oposición se active antes de la fecha prevista, el 23 de junio.
La situación deja en suspensión el cronograma del Gobierno, que buscaba aprobar el Súper RIGI antes de la fecha límite para atraer inversiones en el sector tecnológico. La incertidumbre generada por el caso Adorni complica el avance de una agenda que, en su mayor parte, depende de la coordinación entre el Ejecutivo y el Legislativo.
La tensión generada por el escándalo de Adorni refleja los desafíos que enfrenta el oficialismo para mantener el control del Congreso y avanzar con su agenda, lo que podría tener implicaciones en la capacidad del Gobierno para cumplir con sus metas de atracción de inversiones.
Compartir nota