El miércoles pasado, la Confederación General del Trabajo (CGT) y otras organizaciones sociales realizaron una marcha al Congreso Nacional en el marco de un nuevo plan de presión contra el gobierno de Javier Milei. La concentración, sin embargo, destacó por su bajo nivel de participación, concentrada en sectores sindicales radicales y en grupos como jubilados y trabajadores de la economía popular. Los gremios más influyentes de la central obrera, como los de metalurgia o transporte, mostraron una actitud más retraída, lo que generó un desmarque de la protesta.

La protesta fue encabezada por Pablo Moyano, líder de la Unión Tranquilidad, quien destacó su rol como «primer paso hacia un gran paro nacional». En contraste, otros dirigentes de la CGT se limitaron a dar una vuelta por la plaza antes de dispersarse, lo que reflejó la falta de consenso interno sobre la coordinación de nuevas acciones. La ausencia de una convocatoria masiva al paro general, en la que tradicionalmente participan organizaciones como la Confederación General de Trabajadores (CGT) y la CTA, subrayó el debate interno sobre cómo abordar la crisis laboral y el ajuste del gobierno.

El ajuste normativo reciente del gobierno, que modificó la reglamentación de la reforma laboral, también fue destacado como un factor clave. La medida permitió que el 2% destinado a las cuotas solidarias de los sindicatos se calcule sobre el total de las remuneraciones, no solo el salario básico, lo que benefició financieramente a las organizaciones gremiales. Además, se reactivó la posibilidad de aportes empresarios siempre que tengan un destino específico, una decisión que el gobierno justificó como un incentivo para la concertación.

La marcha evidenció una división entre los sectores de la CGT: mientras los sindicatos de camioneros y jubilados protagonizaron la protesta, las grandes centrales sindicales optaron por una postura más contenida. Esta situación refleja el desafío para construir un frente unido ante las medidas del gobierno, que incluyen recortes salariales, desregulación laboral y cambios en las pensiones. La falta de una respuesta coordinada podría complicar los futuros movimientos de presión, especialmente con la agenda legislativa del Ejecutivo en marcha.

El ajuste laboral del gobierno y la fragmentación interna de la CGT marcan un escenario complejo para el diálogo sindical. La marcha al Congreso, aunque simbólica, deja abierta la posibilidad de nuevas acciones, pero sin un consenso sólido entre los actores clave.