La Confederación General del Trabajo (CGT) inició este miércoles una nueva etapa de protestas en la Ciudad de Buenos Aires, con una marcha al frente del Congreso que reúne a sindicatos, organizaciones sociales y sectores de la economía popular. La acción, que comienza a las 15, busca reforzar la presión sobre el gobierno de Javier Milei, cuestionado por las medidas laborales que impactaron en la caja sindical. La convocatoria marca el comienzo de una estrategia escalonada de protestas que, si bien no incluye un paro general, busca mantener la visibilidad de las demandas por mejoras salariales y sociales.

El reclamo central de la movilización apunta a la pérdida del poder adquisitivo de los jubilados y la situación crítica de la clase trabajadora, temas que han sido históricamente centrales en las marchas semanales de los sectores vulnerables. En la fila de participantes figuran la CTA de los Trabajadores, la CTA Autónoma y la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), unidas en una alianza que el triunvirato de la CGT impulsó en las últimas semanas. Esta articulación refleja una estrategia para ampliar el frente de resistencia y abarcar a distintas corrientes sociales.

Sin embargo, la protesta se produce días después de un anuncio gubernamental que generó alivio entre los sindicatos. El decreto publicado el lunes modifica dos puntos clave de la reforma laboral: primero, establece que las cuotas solidarias se calculen sobre el total de las remuneraciones mensuales, no solo sobre el salario básico; segundo, permite nuevamente los aportes empresarios a las organizaciones sindicales siempre que tengan un destino específico. Estas medidas, aunque no restablecen la caja sindical en su totalidad, preservan una parte sustancial de los recursos disponibles, lo que alivia la tensión que se vivía desde diciembre pasado.

El gobierno justifica los cambios como un intento de «equilibrar la carga financiera» entre el Estado y las empresas, pero para la dirigencia sindical representa un reconocimiento parcial de las necesidades de los gremios. En el contexto de un gobierno que prioriza la austeridad, la decisión oficial se interpreta como un gesto de negociación, aunque con límites. La CGT, por su parte, mantiene su crítica al modelo económico de Milei, viendo en los ajustes una señal de que el conflicto no está lejos de reabrirse.

La movilización de este miércoles no solo reafirma la resistencia de los sectores laborales, sino que también muestra cómo el debate sobre la caja sindical sigue siendo un punto crítico para el diálogo político. Mientras el Ejecutivo intenta redefinir los términos del conflicto, la CGT y sus aliados buscan mantener la presión para que las medidas de ajuste no afecten los derechos de los trabajadores. La tensión se mantiene en alto, con escenarios de nuevas protestas en la agenda.