El Parlamento de Nicaragua dio a conocer este martes que ha comenzado a estudiar reformas que, en caso de ser aprobadas, prohibirían la celebración de elecciones generales en el país. El anuncio se hizo minutos después de que el Presidente Daniel Ortega, en un discurso conmemorativo del 47 aniversario de la revolución sandinista, declarara públicamente que «Nicaragua no volverá a tener elecciones bajo la dictadura de su familia». La Asamblea Nacional, que opera bajo el control del Ejecutivo, anunció que realizará reuniones especiales con el Consejo Supremo Electoral (CSE) para «asegurar los pasos constitucionales y legales» necesarios para implementar la medida.

La iniciativa, que ha sido calificada por críticos internacionales como una «manipulación institucional», busca consolidar el control del régimen sobre el sistema electoral. En su declaración, el Parlamento destacó que la decisión responde a «la soberanía del pueblo nicaragüense» y a la necesidad de «proteger la estabilidad y los logros contra la pobreza». Sin embargo, la medida ha generado alertas en la comunidad internacional, que denuncia el acercamiento de Nicaragua a un régimen autoritario. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, criticó en un comunicado la postura de Ortega, calificándola de «verdadera naturaleza autoritaria».

El contexto de la decisión se enmarca en una agenda de centralización del poder que ha caracterizado los últimos años en Nicaragua. El gobierno sandinista, encabezado por Ortega y su esposa, Rosario Murillo, ha modificado repetidamente el marco electoral para limitar la competencia política. En 2021, el CSE ya rechazó la candidatura de opositores que pretendían participar en elecciones municipales, una decisión que fue criticada por organismos internacionales como la OEA. Ahora, la propuesta de prohibir elecciones presidenciales representaría un avance significativo en la consolidación del sistema de gobierno que el régimen ha construido en los últimos 30 años.

La implementación de estas reformas dependerá de la aprobación de una enmienda constitucional, un proceso que podría prolongarse meses. Sin embargo, en el actual contexto de represión y silencio institucional, muchos analistas consideran que la medida ya fue adoptada de forma simbólica. La Asamblea Legislativa, que en su declaración mencionó «las prácticas políticas, democráticas y soberanas», no incluyó mecanismos para garantizar una participación ciudadana real, lo que refleja la falta de transparencia en la toma de decisiones.

La decisión del Parlamento no solo afecta el futuro electoral de Nicaragua, sino que también refleja el entorno político dominado por el Partido Sandinista. Con la implementación de estas reformas, el régimen busca consolidar su control sobre el Estado, una estrategia que ha sido cuestionada por expertos en derechos humanos y organismos internacionales. La falta de espacio para la oposición sigue siendo el eje central de la crisis institucional en el país.