El gobierno de Donald Trump solicitó el martes al Departamento de Justicia de Estados Unidos que garantice la inmunidad judicial de Delcy Rodríguez, presidenta interina de Venezuela, en una demanda civil abierta en Florida. La petición, hecha por el asesor jurídico del Departamento de Estado, Reed Rubinstein, se envió el 11 de julio al fiscal general adjunto, Brett Shumate, y argumenta que la líder venezolana goza de inmunidad mientras ejerza su cargo como jefa de Estado.

La demanda, abierta en el Distrito Sur de Florida, acusa a Rodríguez de presuntos secuestros, torturas y actos terroristas cometidos en nombre del chavismo durante los años 2010 y 2011. Aunque el juez ordenó el 15 de julio una indemnización de 314 millones de dólares en el caso, excluyó a Rodríguez, que fue remplazada por Nicolás Maduro en el proceso judicial. La petición estadounidense busca asegurar que el juicio no afecte a la líder venezolana, que permanece en el cargo desde marzo, cuando las fuerzas estadounidenses capturaron a Maduro.

La decisión de Estados Unidos se enmarca en un contexto de tensión con el régimen chavista, que el gobierno de Trump ha denunciado por abusos contra la población. El Departamento de Estado recuerda que reconoce oficialmente a Rodríguez como mandataria del país desde el 5 de marzo, tras la captura de Maduro. En la carta, se destacó la «especial importancia» de desestimar el caso, por sus «implicaciones de política exterior».

La inmunidad judicial se aplica a jefes de Estado de otros países, siempre que no hayan sido juzgados en su propio territorio. Aunque el tribunal de Florida puede aceptar la solicitud, el caso podría tener consecuencias diplomáticas. Mientras tanto, Rodríguez enfrenta acusaciones que incluyen el presunto secuestro de un periodista y la tortura de activistas. La fiscalía estadounidense aún no se pronunció sobre la solicitud, lo que deja abierta la posibilidad de que la demanda avance.

La petición de inmunidad refleja la complejidad de los conflictos geopolíticos entre Estados Unidos y Venezuela, donde la justicia se convierte en herramienta de presión. Aunque el juez ya aplicó el fallo en parte, la decisión final sobre el caso de Rodríguez dependerá de la respuesta del Departamento de Justicia, lo que podría afectar la relación bilateral y el rumbo de la crisis venezolana.