El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires anunció una reducción de 359 cargos gerenciales, que representan más del 20% de la estructura jerárquica del Estado. La medida, parte de una profunda reforma, busca modernizar la administración pública y optimizar recursos en un contexto de digitalización de trámites. La iniciativa forma parte de una política integral que prioriza la eficiencia, según el Jefe de Gobierno, Jorge Macri, quien destacó que «la eficiencia del Estado no solo es una cuestión técnica: es un deber moral con los porteños que lo sostienen con su trabajo».

La reducción de cargos se enmarca en una serie de acciones previas que incluyeron la congelación de ingresos, planes de retiro voluntario y la implementación de una evaluación de desempeño. Según datos oficiales, la actual gestión redujo un 15% la planta administrativa, es decir, 8.954 cargos menos, alcanzando el nivel más bajo de empleados desde 2015. En 2023, el gasto en remuneraciones al personal representaba el 44% del presupuesto de la Ciudad, pero actualmente se redujo al 41%, lo que refleja un ahorro significativo en gastos operativos.

Macri enfatizó que la reestructuración no solo busca eficacia técnica, sino también responsabilidad social. «Ya dimos de baja 9 mil cargos y alcanzamos la planta administrativa más baja de los últimos 10 años», sostuvo el mandatario en una publicación en redes sociales. Esta medida, aunque controversial en algunos sectores, se justifica como un esfuerzo para adaptar la máquina pública a la realidad de un Estado que debe ser más ágil y cercano al ciudadano.

La reforma también incluye ajustes en la distribución de funciones y la redefinición de roles, con el objetivo de eliminar redundancias y mejorar la respuesta a las necesidades de los vecinos. Esta estrategia, sin embargo, enfrenta desafíos en términos de gestión del personal y la garantía de servicios esenciales. Los analistas señalan que el éxito de la medida dependerá de la capacidad del gobierno para mantener el equilibrio entre ahorro y eficacia en la atención pública.

La reducción lleva al gasto en remuneraciones al 41% del presupuesto, un nivel que no se alcanzaba desde 2015, según datos oficiales.