La Corte Suprema de Justicia resolvió poner fin a la discusión sobre la actualización del decomiso en el caso Vialidad. El fallo confirma que Cristina Kirchner, Lázaro Báez y otros condenados deberán devolver 20 propiedades y un total de 685 mil millones de pesos. La medida avanza hacia su ejecución formal, aunque aún no se estableció un calendario fijo.

Los condenados presentaron recursos para frenar el proceso, pero la Corte no fijó plazos, priorizando la devolución de activos como parte de la reparación del daño social. «El objetivo es neutralizar los efectos patrimoniales del delito y devolver los bienes a la sociedad», explicaron fuentes del Poder Judicial.

Entre los activos afectados figuran el departamento de San José 1111, donde Kirchner está encarcelada, y propiedades en Río Gallegos y El Calafate. También están en juego hoteles y una caja de seguridad con casi 5 millones de dólares hallada en su hija Florencia Kirchner.

La ejecución requerirá una evaluación judicial final. Fuentes del entorno de la Corte admitieron que «demandará tiempo», debido a la cantidad de recursos presentados. Aunque el decomiso no tiene efecto suspensivo, los desafíos legales siguen abiertos.

La concreción del decomiso no solo afectará la patrimonial de Kirchner, sino que también simboliza un avance en la lucha contra la corrupción. La Justicia argentina enfrenta ahora el desafío de formalizar el remate de bienes, un proceso que podría impactar el escenario político y la percepción de la transparencia en el país. La decisión refuerza la idea de que los recursos obtenidos mediante actos ilícitos deben ser restituidos al Estado, consolidando un precedente para futuros casos de corrupción. La complejidad del proceso resalta la necesidad de un sistema judicial eficiente para garantizar la aplicación de las leyes en casos de alto impacto social.