La Cámara Federal de Comodoro Py resolvió unificar dos causas que investigan prácticas irregulares con el dólar oficial durante el gobierno de Alberto Fernández. Ambas, vinculadas al sistema SIRA y al uso de casas de cambio para manipular el tipo de cambio, pasan ahora al juzgado federal 11, presidido por Ariel Lijo. La fiscalía, liderada por Franco Picardi, analiza cómo entidades financieras compraron divisas al tipo oficial y las revendieron en el mercado negro con ganancias significativas.

El caso incluye a empresas como «Arg Exchange S.A.», vinculada a Francisco Hauque, y a entidades como «Banco Más Ventas». La fiscalía presentó pruebas de que funcionarios del Banco Central reconocieron la irregularidad de estas casas de cambio. Las investigaciones también abordan presuntos sobornos para autorizar importaciones mediante SIRA, herramienta clave en la gestión económica del período.

La decisión surge de un conflicto entre jueces: el juez Lijo solicitó la causa a María Servini, pero la magistrada rechazó el traslado, argumentando que las maniobras investigadas eran distintas. El camarista Roberto Boico determinó que ambas causas comparten un «patrón operativo» y que el expediente de Lijo está más avanzado.

El encuadre de Lijo implica un avance en la clarificación de prácticas que, según la fiscalía, permitieron aprovechar el cepo cambiario para acceder a divisas. La transparencia en estas investigaciones podría influir en la percepción de la lucha contra la corrupción en el sector económico.

La unificación de las causas bajo el juez Lijo refleja una estrategia judicial para profundizar en la conexión entre irregularidades cambiarias y la gestión pública. La resolución abre espacio para revelar prácticas que, si confirmadas, podrían afectar el debate sobre la responsabilidad institucional en la crisis del cepo.