El terremoto destruyó edificios y viviendas, dejando milenarias de escombros en La Guaira. En el barrio Playa Grande, construido en 2012 como parte de la «Gran Misión Vivienda«, la situación se volvió insoportable. Vecinos como Walezka Pérez describieron cómo el piso se movió, su edificio se inclinó y cuatro personas murieron en el interior.

Segundos después, un tanque de gas en la zona explotó. «El fuego agarró el primer edificio y pasó de uno a otro», recordó Pérez. La explosión carbonizó a varias personas, incluido un chico de 11 años. Los bomberos, ocupados con la búsqueda de supervivientes tras el sismo, no llegaron a tiempo.

El barrio, cuyos edificios de tres pisos eran un símbolo de promesa, terminó en ruinas. Los vecinos lo llaman «La gran comunidad de Summa«, en alusión a la constructora turca que lo levantó. La infraestructura, diseñada con materiales de construcción en seco, no resistió los terremotos.

La gestión del desastre reveló la debilidad del Estado. Morgues se saturaron, cuerpos sin identificar se acumularon y la falta de coordinación entre autoridades y organismos internacionales limitó la ayuda. La ONU y Estados Unidos ofrecieron asistencia, pero la corrupción y la escasez de recursos debilitaron su impacto.

La tragedia de Playa Grande pone de relieve la fragilidad de proyectos públicos en Venezuela, donde la negligencia institucional y la crisis socioeconómica exacerbaron el sufrimiento. Mientras se espera la reconstrucción, el barrio sigue siendo un testimonio de la brecha entre promesas y realidades. La falta de mantenimiento y supervisión en infraestructuras públicas, junto con la desorganización de las autoridades, convirtió un desastre natural en una catástrofe humanitaria. La comunidad, aún en el proceso de recuperación, enfrenta el reto de reconstruir no solo edificios, sino también la confianza en un sistema que no logró proteger a quienes confiaron en él.