La Corte Suprema de Justicia rechazó este jueves el recurso del Gobierno que intentaba frenar la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. La medida cautelar, que obliga al cumplimiento de la norma, sigue vigente tras la desestimación del pedido de excusación y el recurso extraordinario presentado por la Procuración del Tesoro.

El fallo, firmado por los jueces Ricardo Lorenzetti, Carlos Rosatti y Carlos Rosenkrantz, estableció que un «pronunciamiento que acuerda, deniega o modifica una medida cautelar no reviste el carácter de sentencia definitiva». Esto impide que el gobierno presentara un recurso extraordinario como el que había solicitado.

La causa se inició por el amparo colectivo del Consejo Interuniversitario Nacional, que denunció que el decreto de Javier Milei limitaba la distribución de partidas sin garantizar fuentes de financiamiento. El acuerdo reciente entre autoridades nacionales y universitarias permitió un aumento salarial del 24,33% a docentes, pero la aplicación de la ley sigue pendiente de la resolución del juez Martín Cormick.

La decisión de la Corte Suprema deja inalterada la medida cautelar, forzando al Ejecutivo a cumplir la ley de financiamiento universitario. Sin embargo, la resolución no resuelve el conflicto, que ahora dependerá de la decisión del juez de primera instancia.