El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires dispuso la disponibilidad de diez penitenciarios investigados por torturas y abusos contra cinco mujeres detenidas, dos de las cuales sufrieron violencia sexual. Los hechos ocurrieron en la Unidad Penitenciaria N° 51 de Magdalena el 3 de junio, durante la jornada de protestas del movimiento «Ni una menos». La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) denunció los casos tras entrevistarse con las víctimas en su rol de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura.

En la causa penal, la Sala III de la Cámara de Apelaciones de La Plata revocó la decisión del juez Juan Pablo Masi, quien rechazó la presentación de la CPM como parte damnificada institucional. Los jueces Fernando Mateos y Juan Benavides destacaron que los hechos «trascienden la mera hipótesis de apremio» y son de competencia legal de la CPM, conforme a la ley nacional 26.827.

La CPM, en su rol de mecanismo de prevención de la tortura, sostuvo que los hechos denunciados «revelan una conducta institucional que requiere investigación» y que la denuncia «no es prematura» como sostuvo inicialmente el juez. La decisión abre el camino para una investigación más amplia sobre los abusos en el sistema penitenciario provincial.

La separación de los penitenciarios y la aceptación de la denuncia de la CPM marcan un avance en la investigación de los abusos, aunque el camino sigue abierto para una indagación más profunda sobre los casos denunciados.