El giro político tras la derrota

El gobierno de Javier Milei decidió suspender el paquete de reformas económicas impulsado por el ministro Federico Sturzenegger, tras la derrota en el intento de modificar la Ley de Tierras. La medida, tomada tras una reunión de la mesa política del oficialismo, refleja un ajuste de estrategia para evitar un costo político elevado. El ministro, quien había defendido la extranjerización de tierras hasta un 25% del territorio nacional, ahora se ve presionado por aliados y gobernadores que rechazaron su postura.

El impacto en sectores clave

La decisión de frenar la desregulación afectó directamente a varios sectores. Entre los más golpeados, las farmacias e inmobiliarias, cuyas regulaciones se habían propuesto derogar para permitir una mayor participación de actores externos. El anteproyecto, que incluía también la derogación de la Ley del Libro, generó un enfrentamiento con el sector editorial. Libreros, editoriales y conglomerados como Amazon se opusieron al proyecto, que amenazaba con debilitar su modelo de negocio. El debate, en lugar de resolverse, se transformó en un campo de batalla entre intereses y políticas.

La lucha por el control del ritmo político

En las últimas horas, el oficialismo decidió reorientar su agenda. Uno de los integrantes de la mesa política sostuvo que «el proyecto de desregulación lo vamos a parar», tras una serie de quejas internas sobre la resistencia de Sturzenegger. El ministro, conocido por su perfil autoritario, se mantuvo al margen de la discusión, reivindicando sus propuestas incluso tras el ajuste de dirección. La decisión del gobierno no solo refleja un cálculo político, sino también un intento de evitar una crisis institucional que podría afectar la estabilidad del gabinete.

La paralización del paquete desregulador marca un cambio de rumbo en la agenda económica del gobierno. Sin embargo, las tensiones entre Sturzerengger y los sectores de poder dentro del oficialismo persisten. La reforma agraria, aunque rechazada, sigue siendo un tema de debate, mientras que el sector editorial y el comercio inmobiliario esperan respuestas claras sobre los futuros ajustes regulatorios.