El Tribunal Oral Federal 5 (TOF 5), integrado por los jueces José Michilini, Adriana Pallioti y Fernando Machado Pelloni, citó el 4 de septiembre a las defensas, fiscalía y querella en la causa de Hotesur-Los Sauces. Se trata de la audiencia preparatoria previa al inicio del juicio oral que volverá a acusar a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y por primera vez a su hijo, el diputado nacional Máximo Kirchner.

Los embargos vigentes, que superan los 4 mil millones de pesos, reflejan el alcance de las medidas cautelares aplicadas en el marco de la investigación sobre blanqueo de activos. Según la acusación, las empresas de la familia Kirchner, incluyendo Hotesur y Los Sauces, funcionaron como «pantallas societarias» para reciclar fondos obtenidos por Lázaro Báez a través de obras públicas vial. La ex presidenta, quien ya enfrenta un embargo familiar de más de 1.000 millones, también se ve afectada por una medida cautelar de 3.013 millones sobre su inmobiliaria.

El expediente también contempla el decomiso de 685.000 millones de pesos fijado en el caso Vialidad, al que Cristina debe responder de forma solidaria con otros condenados. Aunque el valor de los embargos se mantuvo sin modificaciones, fuentes judiciales confirmaron que podría haber un análisis en el futuro para actualizar los montos. Esta situación refleja la complejidad legal de la causa, que involucra múltiples imputados y una red de esquemas financiarios investigados desde 2015.

La audiencia preparatoria marca el punto de inflexión para el juicio, que podría determinar la continuidad de las medidas restrictivas sobre el patrimonio de los acusados. El caso Hotesur, que arranca desde el 2015, ha sido un tema central en la vida política argentina, con implicaciones que van desde la corrupción en la gestión pública hasta la evasión fiscal. La condena en Vialidad, que aún no fue resuelta, añade una capa adicional de incertidumbre para los involucrados.

Los embargos actuales reflejan la intensificación de la lucha judicial contra la estructura financiera de la familia Kirchner, cuyo juicio podría tener consecuencias significativas en su patrimonio y en el ámbito político. La fecha del juicio, fijada en la audiencia preparatoria, define el próximo paso en una causa que abarca décadas de investigación y múltiples esquemas de blanqueo.