El caso Vialidad sigue en curso tras un año de condena a Cristina Kirchner por administración fraudulenta. La fiscalía, liderada por el fiscal general Diego Luciani, avanzó en la identificación de bienes para el decomiso, que ya incluye 252 propiedades, 46 automotores y más de cinco millones de dólares. En Comodoro Py se tramita un segundo pedido de decomiso de 141 inmuebles, mientras que el fiscal evalúa una tercera tanda que abarcaría participaciones societarias, bienes de empresas y estancias.

La decisión final sobre la ejecución del primer conjunto de bienes depende de la Corte Suprema, que aún no se pronunció sobre la validez de la actualización de los 685.000 millones de pesos. Según fuentes del Poder Judicial, aunque no todos son optimistas sobre la cobertura de la cifra, se considera un decomiso histórico por su magnitud y el avance en materia de recuperación patrimonial. La actualización del monto, que se calculó en 2024, debe revisarse tras un año de la condena, según explicaron funcionarios del Ministerio Público Fiscal.

El proceso de identificación de bienes fue asumido por la fiscalía, que ya relevó más de 250 propiedades y activos móviles. El primer pedido de decomiso, formulado en septiembre de 2025, fue resuelto por el Tribunal Oral Federal 2, pero su ejecución aún depende de la confirmación de la Cámara de Casación. Durante este año, la oficina de Luciani ha trabajado en la sistematización de activos, incluyendo inmuebles en zonas de alto valor y participaciones en empresas vinculadas al caso.

La fiscalía también considera la posibilidad de reclamar una nueva actualización del monto del decomiso, que en 2024 se estimó en 685.000 millones. Esta cifra, que podría crecer con la inflación y el valor de los bienes, es clave para el cálculo de la pena efectiva. Sin embargo, dentro del Poder Judicial, persisten dudas sobre si se alcanzará la meta establecida, incluso con el avance de nuevas tandas de bienes. Aunque la mayoría coincide en que se trata de un caso pionero en términos de magnitud, la ejecución final dependerá de la decisión de la Corte Suprema.

La Corte Suprema deberá decidir la ejecución patrimonial de 111 inmuebles en un escenario que podría definir la cuantía del decomiso histórico. La actualización del monto, clave para la condena, sigue en discusión, pero la fiscalía avanza en la identificación de nuevos bienes para asegurar el recupero del daño causado.