El fiscal federal Sergio Mola desestimó el pedido de la defensa de Martín Insaurralde para que lo aparten de la causa por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos, rechazando así una nueva provocación tras semanas de tensiones. La recusación, solicitada por el abogado del ex intendente de Lomas de Zamora, se basó en acusaciones de parcialidad, argumentando que Mola no actuó imparcialmente durante la investigación. El fiscal, sin embargo, aseguró que la movilización «pretende debilitar el avance del proceso» y garantizar «impunidad».

La defensa de Insaurralde apeló a argumentos similares a los usados por el juez federal Luis Armella, quien había rechazado previamente el pedido de detención del ex intendente y su exesposa, Jesica Cirio. El juez había cuestionado la actuación del fiscal, acusándolo de filtrar información a la prensa y de «sobreactuar» su rol en la causa. Esta crítica, particularmente incisiva, se enmarca en un contexto donde la investigación, que lleva casi tres años, se ha visto envuelta en controversias sobre la evidencia y la procedencia de los hechos.

Mola, en su respuesta, se posicionó firme en defensa de su labor, destacando que la decisión de no aceptar la recusación se debe a la necesidad de «avanzar en el proceso». La fiscalía, desde el inicio, ha sido clave en el caso, que incluye sospechas sobre la destrucción de un vestidor donde se habría grabado un video de Cirio mostrando fajos de dólares. La defensa, por su parte, ha argumentado que la investigación carece de solidez probatoria, lo que ha generado un clima de desconfianza hacia la fiscalía.

La confrontación entre Mola y Armella se intensifica alrededor de una supuesta «orfandad probatoria» en la causa, una expresión que el juez utilizó para cuestionar la falta de evidencia sólida. Esta afirmación, aún no probada, ha sido recibida con escepticismo, ya que implicaría un adelanto de juicio sobre un tema que aún está en desarrollo. La decisión del fiscal no solo refleja su postura institucional, sino también la complejidad de un caso que abarca desde la política local hasta aspectos financieros que podrían sacudir la percepción pública de la justicia.

La rechazo de la recusación refuerza la postura del fiscal en la causa, pero profundiza el conflicto con el juez Armella, cuyas críticas ponen en evidencia las tensiones internas en la investigación. El caso seguirá siendo un punto de mira, tanto por su importancia institucional como por las implicaciones en el entorno político y financiero de la zona.