Manuel Adorni, exjefe de Gabinete del kirchnerismo, fue notificado en las últimas horas de una restricción procesal que limita su salida del país. El juez federal Ariel Lijo autorizó que el exfuncionario, acusado de presunto enriquecimiento ilícito junto a su esposa Bettina Angeletti, solicite previamente permiso judicial para viajar. Esta decisión, la primera de su tipo desde que comenzó la investigación, se tomó a pedido del fiscal Gerardo Pollicita, quien descartó la necesidad de detenerlo o considerar riesgos de fuga.

Las fuentes judiciales explicaron que la restricción no implica una prohibición absoluta, sino que el exministro coordinador debe notificar al tribunal ante cualquier intención de trasladarse al exterior. Su abogado, Matías Ledesma, confirmó que Adorni no tiene previsto salir del país, tras circular información sobre su posible mudanza al Uruguay. La medida surge luego de que la diputada nacional Marcela Pagano y el abogado Gregorio Dalbón solicitaran evitar su salida, argumentando que la investigación requiere controles más estrictos.

La causa, que incluye testimonios del contratista Matías Tabar, enfrenta ahora un giro clave. Un audio difundido recientemente muestra a Adorni ofreciendo «todo el soporte que necesites» a Tabar, quien declaró el 4 de mayo que el exvocero le había pagado 245 mil dólares en efectivo en concepto de refacciones en su casa del barrio cerrado Indio Cua. Pollicita señaló que estas conversaciones no constituyen un intento de entorpecer la investigación, sino un dato que complica aún más la situación de Adorni.

El fiscal insistió en que no existen elementos para avanzar con otras medidas procesales, aunque la investigación continúa abierta. La presión judicial refleja la intensificación de la causa, que ya involucra a múltiples actores y tiene resonancia en la gestión pública. La decisión de Lijo deja abierta la posibilidad de nuevas restricciones, aunque por ahora el exfuncionario se mantiene en el país, bajo la mirada de una causa que aún no ha concluido.

La medida judicial marca un punto de inflexión en la investigación, que ahora incluye elementos que complican aún más la situación de Adorni, mientras se evalúa si se requieren acciones adicionales para garantizar la transparencia del proceso.