Tras los venezuela-ponen-a-prueba-sistema-de-salud-ya-colapsado/»>terremotos que sacudieron el oeste de Venezuela, las autoridades intentaron reprimir saqueos con un despliegue masivo de seguridad. Sin embargo, las fuerzas de la Guardia Nacional Bolivariana y la temida DGCIM se convirtieron en protagonistas de un conflicto que pone en evidencia la crisis institucional. Vecinos denuncian que los agentes no solo no colaboran en rescates, sino que aparecen ebrios o son detenidos por la propia comunidad cuando intentan robar pertenencias de las zonas destruidas. Ya son cuatro los uniformados detenidos, y los videos que circulan en redes reflejan un malestar general.

En La Guaira, un estado costero golpeado por los sismos, el ministro Diosdado Cabello, responsable de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, movilizó a miles de efectivos para «reordenar el tránsito» y «evitar saqueos». La operación, que incluyó retenes con fusiles y uniformados encapuchados, generó un clima de tensión. Los residentes, desesperados por salvar a personas atrapadas entre escombros, encontraron obstáculos en las calles bloqueadas por agentes. «El Estado no llegó para ayudar en los rescates», aseguró un vecino que viajó desde Caracas para colaborar.

Las primeras horas tras el sismo fueron críticas. Miles de personas se movilizaron hacia La Guaira, pero el caos en las avenidas, donde ambulancias no podían pasar por la cantidad de vehículos estacionados, complicó las labores de rescate. Solo después de 48 horas, Cabello anunció la militarización de la zona, aunque muchos siguen sin ayuda. En algunas zonas, aún hay señales de vida, pero los equipos de rescate no llegaron a tiempo.

El escenario muestra una brecha entre el Estado y la población. Mientras las fuerzas de seguridad buscan controlar el caos, los damnificados se sienten abandonados. Las denuncias de malversación y abusos en los primeros días de la crisis reforzaron la percepción de un gobierno incapaz de responder a una emergencia. La situación, en manos de autoridades que ahora enfrentan críticas por su desempeño, podría definir la percepción pública sobre la capacidad del régimen para gestionar desastres.

La crisis de las fuerzas de seguridad en Venezuela no solo refleja una falla en la coordinación de rescate, sino también una fractura entre el Estado y los ciudadanos en medio de una tragedia. Con casos de detenciones y videos que evidencian abusos, la comunidad sigue en alerta por un sistema que, en lugar de brindar protección, parece profundizar la desesperación.