Gobierno impone cumplimiento de ley en escuelas durante el paro

El ministro de Educación, Sandra Pettovello, confirmó que el Ejecutivo Nacional fiscalizará el cumplimiento del 75% de cobertura en las escuelas durante el paro docente convocado por CTERA. La medida, aplicada a través del Consejo Federal de Educación, busca garantizar que la educación sea considerada servicio esencial, según la Ley 27.800, que establece mecanismos para evitar interrupciones en la atención educativa. La funcionaria destacó que la inspección será muestral, pero se activarán protocolos de sanción en caso de incumplimiento.

CTERA exige acciones claras y gobierno responde con medidas técnicas

La Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA) convocó al paro nacional como protesta por el ajuste salarial y las condiciones laborales. Según el comunicado oficial, la medida busca «resguardar el derecho a aprender» y «ofrecer previsibilidad a las familias». En contrapartida, el gobierno sostuvo que las inspecciones serán «una herramienta para garantizar el funcionamiento mínimo de las escuelas», aunque no detalló cómo se definirá la «cobertura habitual» en cada institución. La tensión se agrava tras semanas de negociaciones que no lograron resolver las demandas salariales.

Antecedentes de advertencias y protocolos de aplicación

Pettovello ya había alertado sobre la inspección en una nota previa, indicando que el Poder Ejecutivo podría aplicar sanciones a instituciones que no respeten el 75% de clases. La normativa, vigente desde 2021, permitió al gobierno implementar controles en situaciones de «medidas de fuerza» para proteger el acceso a la educación. Sin embargo, la aplicación de estas sanciones ha sido criticada por sectores gremiales, que consideran que la ley no prevé mecanismos claros para su cumplimiento. En este contexto, la presión por evitar afectaciones al sistema educativo se intensifica con el inicio de las clases tras las vacaciones de invierno.

La decisión del gobierno refleja la complejidad de equilibrar la lucha sindical con la garantía del derecho a la educación. La inspección muestral será clave para medir la efectividad de la normativa, pero su impacto dependerá de la coordinación entre las autoridades y las instituciones educativas. Mientras tanto, las familias continúan en alerta por el posible impacto en la jornada escolar.