El gobierno de Javier Milei dispuso un decreto de necesidad y urgencia que amplía el Presupuesto 2026 en más de 4 mil millones de pesos, destinando una parte significativa a las universidades nacionales. Esta medida, anunciada este jueves, representa el primer paso para cumplir con una cautelar judicial que ordena la aplicación de la Ley de Financiamiento Educativo. La decisión busca ajustar salarios de docentes y no docentes, un punto central en una disputa judicial que se prolongó durante meses.

La reasignación incluye 1,33 billones de pesos al programa Desarrollo de la Educación Superior, de los cuales el 98% se destina a transferencias a universidades nacionales y el 2% a becas. El refuerzo se financiará con recursos del Tesoro Nacional, un mecanismo que el Ejecutivo ha utilizado para cumplir con obligaciones judiciales. Esta decisión generó expectativa entre las universidades y los gremios del sector, que esperan que el Ejecutivo cumpla con la resolución de la Corte Suprema que dejó firme la cautelar.

Según los cálculos de los rectores de universidades nacionales, el aumento de financiación debería alcanzar alrededor del 25% del monto original, teniendo en cuenta que ya se aplicó un incremento salarial del 21,3% en mayo y se espera otro del 3% en octubre. Sin embargo, el Ejecutivo puso paños fríos a una rápida distribución de los fondos, indicando que la reasignación podría completarse entre mañana y el 31 de diciembre. Las fuentes oficiales explicaron que el objetivo es cumplir con la cautelar, pero no se anticiparon plazos para el desembolso.

La cautelar, vigente desde el fallo de la Corte Suprema que rechazó el último recurso oficial, obliga al gobierno a implementar la Ley de Financiamiento Educativo, que ajusta salarios en el sistema educativo. La decisión del Ejecutivo se inscribe en un contexto de tensión entre el cumplimiento de órdenes judiciales y la política económica del gobierno, que busca equilibrar inversiones en educación sin afectar otros sectores. La aplicación de la ley podría tener implicaciones en la estabilidad laboral y financiera de las universidades, un tema clave en la agenda educativa del país.

El gobierno reconoció que con esta reasignación se dio el «primer paso para cumplir la cautelar», pero aclaró que aún queda trabajo por hacer. La implementación efectiva de la ley de Financiamiento Educativo dependerá de una distribución adecuada de los recursos y la coordinación entre el Estado y las instituciones educativas, un desafío que podría definir el impacto final de esta medida en la educación superior argentina.