El Ejecutivo publicó este lunes un decreto que introduce un «suplemento por título universitario» como parte de los adicionales salariales para personal militar. La medida, contenida en el DNU 612/2026, busca equilibrar salarios entre fuerzas armadas y cuerpos de seguridad, pero su alcance es limitado. Según fuentes oficiales, el cambio afectará a un 16% del personal en actividad, unos 85.000 efectivos, lo que deja fuera a la mayoría de los militares.

La iniciativa surge como respuesta a la depreciación salarial que ha afectado a las fuerzas armadas, donde en algunos casos los sueldos están por debajo del umbral de pobreza. Sin embargo, el aumento propuesto es considerado irrisorio por muchos integrantes del cuerpo. Un ejemplo: un subteniente con salario base de 926.000 pesos y título terciario recibiría un 10% adicional (92.600 pesos), mientras que uno con título universitario obtendría 15% más (135.900 pesos), y un posgrado, 25% (231.500 pesos). Estos montos, aunque simbólicos, no resuelven el deterioro del poder adquisitivo, que se agrava con la inflación.

El ajuste fue anunciado semanas atrás en un Decreto 473/2026, pero su aplicación requirió modificar la Ley 19.101, que regula los haberes militares. El Ministerio de Defensa justificó la medida como un «paso hacia la modernización» del sector, aunque el escepticismo persiste. Los militares denuncian que el gobierno no aborda la crisis de obra social, un tema que ha generado protestas recurrentes. «La pérdida de poder adquisitivo frente al contexto inflacionario es una prioridad», señaló un informe del asesor Marcelo Seghini, quien destacó que los haberes de las fuerzas armadas han retrocedido en el primer semestre de 2026.

Aunque el gobierno promociona el suplemento como un reconocimiento a la formación universitaria, críticos alertan que la medida no corrige las disparidades salariales ni resuelve la falta de recursos para el sector. La falta de acción en la obra social, que afecta a miles de familiares de militares, se convierte en un punto clave para la estabilidad del cuerpo. La implementación del DNU 610/2026 no solo deja abierta la pregunta sobre la efectividad del ajuste, sino también la necesidad de una política más integral para el sector.

La medida no resuelve las tensiones salariales ni aborda la crisis de obra social, lo que alimenta la descontento entre los militares y genera expectativa sobre futuras acciones del gobierno.