Desde este lunes, el Poder Judicial de la Nación dejó de incluir a Martín Irurzun en su nómina oficial. El juez, de 75 años, dejó de ejercer su cargo en Comodoro Py tras una decisión del Ministerio de Justicia, que no convalidó la solicitud de prórroga por cinco años más. La vacante se abrió formalmente tras su cumpleaños, el sábado pasado, y el gobierno avanza en el concurso para designar un nuevo magistrado.

La noticia se produce en un contexto de investigación por corrupción en el juzgado de Comodoro Py, donde se indaga en la posible participación de funcionarios en actos ilegales. La decisión del Ministerio de Justicia, encabezado por Juan Bautista Mahiques, incluyó una nota firmada por Lucas Somigliana, director nacional de relaciones con el Poder Judicial. «Habiéndose producido la vacante definitiva en el cargo, le solicito tenga a bien arbitrar lo conducente a fin de que se sustancie el concurso correspondiente», expresó el documento.

Aunque Irurzun había logrado un fallo favorable del fuero Contencioso Administrativo para que su pedido de prórroga sea analizado por la Corte Suprema, la decisión no logró retrasar el trámite. El máximo tribunal negó la solicitud, argumentando que la petición no justificaba la aplicación del artículo 4° del Reglamento para la Justicia Nacional. Sin espacio para rechazar judicialmente la decisión, el juez fue considerado formalmente como «ex juez» por el Poder Ejecutivo.

La Constitución Nacional establece que los jueces de carrera no pueden ejercer sus cargos pasados los 75 años, salvo que el Senado apruebe una prórroga de cinco años. En este caso, el gobierno no validó la petición de Irurzun, que había sido remitida al Senado tras la aprobación del presidente. El trámite, iniciado por el ministro Mahiques, ahora avanza hacia la finalización del concurso, un proceso clave para elegir al nuevo juez que asumirá las responsabilidades en la Cámara Federal de Apelaciones.

El cierre de la etapa de Irurzun en Comodoro Py marca un hito en la gestión judicial del gobierno, que busca avanzar en el concurso para cubrir una vacante central en un juzgado vinculado a investigaciones de corrupción. La decisión refleja la aplicación estricta del límite de edad constitucional, sin excepciones, y deja abierta la posibilidad de que un nuevo magistrado asuma funciones críticas en un ámbito donde la transparencia es prioritaria.