El gobierno nacional confirmó su rechazo a renovar el cargo de Martín Irurzun, juez federal que preside la Cámara Federal porteña desde 2016. Aunque el magistrado inició trámites para solicitar una prórroga judicial, la Casa Rosada consideró que el plazo legal para su renovación ya venció. La decisión, tomada en el marco de un ajuste en la asignación de cargos judiciales, deja vacante un sillón clave en un fuero que investiga casos emblemáticos de corrupción, lavado de dinero y narcotráfico.

Comodoro Py, ubicado en Retiro, concentra juzgados de instrucción, cámaras revisoras y tribunales de juicio. Allí se tramitan expedientes que involucran a funcionarios, empresarios y figuras políticas. Sin embargo, el organismo enfrenta un déficit de personal: 17 puestos permanecen sin cubrir, lo que genera demoras en casos críticos. Según datos del Ministerio de Justicia, el 31% de los cargos en ese edificio está vacante, una situación que ha sido criticada por la oposición y abogados especializados.

La situación se agrava con la acumulación de pliegos de designación, un proceso que el Ejecutivo intentó controlar con la llegada de Juan Bautista Mahiques al cargo. En los últimos dos años, el Poder Judicial registró 313 pliegos pendientes, lo que incrementó el porcentaje de cargos vacantes. Sin embargo, desde el 2023 se lograron avanzar en la aprobación de 46 pliegos, con 176 remitidos al Senado. «El objetivo es reactivar la eficiencia del sistema, pero el rechazo a Irurzun muestra que el Ejecutivo prioriza el control sobre el nombramiento», afirmó un analista judicial.

Los vacantes en Comodoro Py son un reflejo del déficit general en el Poder Judicial. Mientras el 37,5% de sus cargos sigue sin cubrir, el Ministerio Público registra un 46% de puestos libres. Esta situación ha generado debates sobre la capacidad del Estado para garantizar la impartición de justicia. Para el próximo año, el gobierno busca cerrar la brecha con una nueva asignación de pliegos, aunque el desafío sigue siendo enorme.

La decisión del gobierno sobre Irurzun resalta la tensión entre la autonomía judicial y la intervención política en el nombramiento de jueces. Con el 31% de cargos vacantes en Comodoro Py, la priorización de estos puestos refleja una estrategia para mejorar la eficiencia del sistema, aunque el impacto en casos complejos sigue en discusión.