El procurador de la Nación, Eduardo Casal, exigió al presidente Javier Milei el dictado de un Decreto Nacional de Urgencia (DNU) para abordar las consecuencias del fallo Levinas, una decisión de la Corte Suprema que redefinió la jurisdicción en causas de la Capital Federal. Durante una audiencia ante la Bicameral de Seguimiento y Control del Ministerio Público Fiscal, Casal destacó que la medida es «urgente» para evitar «doble vía» en la tramitación de casos.

El fallo, dictado a fines de 2024, estableció que las apelaciones de causas bajo jurisdicción nacional en la Ciudad debían ser revisadas por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) porteño. Sin embargo, desde el MPF advirtieron que la resolución generó confusiones en el avance de procesos, afectando a fiscales, defensores y abogados. «Estamos en una situación de emergencia que requiere una cobertura normativa inmediata», sostuvo Casal, quien explicó que el DNU sería la herramienta más rápida para evitar un «doble proceso» en las causas.

Casal aclaró que, aunque el DNU es la opción prioritaria, el Congreso también podría emitir una ley para resolver el conflicto. «Recurrimos al DNU por la urgencia, pero el Parlamento también está habilitado para actuar», destacó. El procurador señaló que el Ejecutivo ya identificó el problema y lo discute en el Ministerio de Justicia, aunque no especificó cuándo podría materializarse la norma.

El «fallo Levinas» se convirtió en una norma general, modificando la distribución de competencias entre la Nación y la Ciudad. Para el MPF, la decisión no solo generó ineficiencias en el sistema judicial, sino que también entorpeció la justicia penal en casos penales. La tensión entre ambas jurisdicciones se agrava en un contexto de transición de poderes, donde la transferencia de competencias en materia de Justicia ordinaria aún no se completó. Los fiscales, según Casal, siguen interponiendo recursos por doble vía: inconstitucionalidad local y extraordinario federal, lo que complica la tramitación de causas.

El reclamo del procurador refleja una crisis institucional que impacta en la eficacia de la justicia. La falta de una solución definitiva deja en suspenso la resolución de procesos clave, agravando la incertidumbre en el ámbito judicial.