Gobierno elimina INAL y traspasa funciones a Senasa

¿Qué cambia en el control de alimentos?

El Ministerio de Salud publicó este lunes un decreto que redefine el sistema de control alimentario al disolver el Instituto Nacional de Alimentos (INAL), un organismo que operaba bajo la Anmat. A partir de ahora, sus funciones de registro, fiscalización y control de productos pasarán al Senasa. Esta decisión, anunciada en el Boletín Oficial, busca centralizar la regulación en un solo ente. El INAL, que verificaba cumplimiento del Código Alimentario Nacional (CAA), autorizaba establecimientos y realizaba pruebas de inocuidad, ahora será reemplazado por un organismo con infraestructura territorial más amplia.

Nueva política alimentaria y actualización del CAA

Además de la reorganización institucional, el decreto establece que el Ministerio de Salud asuma la definición de políticas alimentarias, con un enfoque inicial en la eliminación de colorantes y saborizantes de alimentos procesados. Este cambio marca una separación entre control operativo y rectoría sanitaria: el Senasa se encargará de fiscalizar en todo el país, mientras que el Ministerio de Salud concentrará su capacidad técnica en normativas de salud pública. El CAA, por primera vez, recibirá un plazo máximo para su actualización, una medida que busca modernizar la regulación y adaptarla a normas internacionales.

¿Por qué el Senasa se convierte en el nuevo actor clave?

El gobierno explicó que la decisión se basa en la infraestructura ya existente del Senasa, que incluye laboratorios, inspectores y cobertura territorial para producción primaria e industrial. «No es una cuestión de jerarquía, sino de capacidad operativa instalada», destacó. Esta reorganización busca reducir redundancias y mejorar la eficiencia en la regulación, especialmente en un contexto de creciente demanda por alimentos procesados. Sin embargo, el sector privado y la industria alimentaria ya anticipan que la transición podría generar desafíos en la adaptación de procesos y la claridad regulatoria.

La reorganización afecta directamente a productores, exportadores y reguladores, y pone en marcha un nuevo marco que prioriza la seguridad sanitaria sobre el control institucional. En el corto plazo, la clave será garantizar que las nuevas normas se implementen sin generar brechas en la fiscalización, algo que el gobierno espera resolver con una mejor coordinación entre los nuevos actores.