El gobierno nacional de Javier Milei designó este miércoles a Ana María Juan como jueza federal en el juzgado de Hurlingham, un distrito que aún no se encuentra habilitado para funcionar. La designación, publicada en el Boletín Oficial, se produce luego de que el Senado de la Nación aprobó el pliego del nombramiento. Juan, esposa del magistrado Marcelo Martínez De Giorgi, quien preside la causa contra el presidente por la presunta estafa con la criptomoneda $Libra, se convierte en una figura clave en un escenario marcado por tensiones institucionales.

El caso $Libra, que involucra a decenas de ciudadanos afectados por una estafa millonaria en el sistema de criptoactivos, ha sido el foco de disputas entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. Martínez De Giorgi, quien se desempeña como juez federal, fue criticado por su rol en la decisión de apartar a las víctimas de la causa, al considerar que algunas querellantes no cumplían con los requisitos legales. Esta medida, tomada dos semanas antes del nombramiento de Juan, generó controversia y llamó la atención de la oposición, que lo acusó de favorecer intereses del gobierno.

La designación de Juan, sin embargo, no resuelve las incógnitas que rodean el caso. El juzgado de Hurlingham, que aún no ha iniciado operaciones, enfrenta una situación legal compleja. Según fuentes del Ministerio de Justicia, la falta de habilitación del espacio judicial podría retrasar la resolución de la causa, lo que alimenta especulaciones sobre la intención de los responsables de la designación. Además, la presencia de una jueza vinculada al magistrado que lidera la causa agrega una dimensión política a un proceso que ya fue marcado por acusaciones de manipulación.

La decisión también se enmarca en un contexto de ajustes internos en el Poder Judicial. A pesar de las críticas a Martínez De Giorg, su nombramiento no fue cuestionado públicamente, lo que sugiere una lógica de equilibrio entre la necesidad de mantener la continuidad judicial y la presión por reformar el sistema. Sin embargo, la designación de Juan, cuya trayectoria profesional no está ampliamente documentada, ha sido interpretada por algunos como un intento de reforzar el control del gobierno sobre un proceso que se ha convertido en símbolo de los desafíos en la relación entre poderes.

La designación refleja la complejidad del escenario legal y el impacto político en el caso, que sigue en desarrollo. La habilitación del juzgado de Hurlingham y la resolución de las acusaciones pendientes serán claves para entender el desenlace del conflicto.