La justicia argentina volvió a debatir quién debe investigar la compra de una mansión de 105 mil metros cuadrados en Pilar, atribuida al tesorero de la AFA, Pablo Toviggino. La Cámara Federal de Casación aceptó analizar una apelación presentada por Luciano Pantano y su madre, Ana Lucía Conte, quienes cuestionan la asignación del caso al fuero Penal Económico. La audiencia está fijada para el 12 de agosto a las 11:30, donde se escuchará la postura de la defensa de los acusados y del fiscal general de Casación, Mario Villar.

El expediente, que ya pasó por cuatro jueces, sigue en disputa desde diciembre pasado. Pantano y Conte, formalmente dueños de la propiedad, se defienden de ser testaferros de Toviggino, mientras que la fiscalía acusa a ambos de ocultar el origen de la adquisición. La propiedad, registrada en la empresa Real Central SA, está bajo investigación por sospechas de que fue comprada con fondos de la AFA. El primer juez, Daniel Rafecas, allanó la vivienda y encontró evidencia que vinculó a Toviggino, como un bolso con su nombre y cédulas de autos a nombre de familiares.

La controversia se agravó cuando el juez Marcelo Aguinsky, del fuero Penal Económico, plantearon la hipótesis de que la compra fue financiada con recursos de la AFA. Sin embargo, la defensa de Pantano argumenta que el caso no corresponde a ese fuero, ya que se trata de un delito común. El juez Adrián González Charvay, del juzgado federal de Campana, fue designado en un fallo reciente, pero los acusados buscan revertir la decisión.

La mansión, ubicada en un área con helipuerto y galpón para coches de colección, contiene 54 vehículos de alto valor. Su adquisición, sin evidencia de capacidad económica declarada en los acusados, alimenta la hipótesis de un esquema de lavado de dinero. La fiscalía sostiene que el caso refleja una «operación de ocultamiento de patrimonio» que involucra a altos cargos del fútbol argentino.

El retraso en la asignación del juicio refleja la complejidad de un caso que podría revelar prácticas corruptas en la AFA. La audiencia del 12 de agosto determinará si el proceso continúa en el fuero Penal Económico o se traslada a un juez federal, lo que podría afectar la trazabilidad de la investigación.