Gustavo Petro cerró su mandato este lunes con un llamado a una huelga general indefinida, si el próximo gobierno de Abelardo De la Espriella revoca las reformas laboral o agraria. La medida, anunciada durante un desfile militar en el Día de la Independencia, marco la última jornada como jefe de Estado. El acto, celebrado en Ciudad Bolívar, uno de los barrios más poblados de Bogotá, fue testigo de miles de personas que gritaron «¡Petro se queda!» antes de acercarse a la tarima.

El presidente, en su discurso, resaltó los avances de su gestión de cuatro años y criticó duramente al candidato electo, señalándolo como un «populista de derecha». «No se deja quitar una reforma por un Congreso, se va a huelga general indefinida», aseguró, mientras la audiencia respondió con aplausos y consignas. Petro reiteró que su salida del poder será «transitoria», ya que asumirá la liderazga del Pacto Histórico, ahora opositor, tras unas vacaciones.

El anuncio de la huelga surge en un contexto de tensión política. Petro, quien cuestiona la legitimidad de las elecciones presidenciales, anunció su intención de presentar una demanda para demostrar que Iván Cepeda, candidato oficialista, fue el verdadero ganador. Esta postura, sin embargo, no ha sido compartida por el Tribunal Supremo, que confirmó la victoria de De la Espriella. La decisión de Petro refleja una estrategia para presionar al nuevo gobierno, que enfrenta una crisis económica y una oposición organizada.

La amenaza de huelga generó reacciones en la sociedad. Grupos de sindicatos y movimientos sociales expresaron respaldo al mandatario, mientras que sectores económicos advirtieron sobre los riesgos de una paralización del país. En el escenario local, las calles de Bogotá permanecieron tranquilas, pero las redes sociales se viralizaron con mensajes de apoyo a la medida. La incertidumbre sobre el futuro político colombiano persiste, con una posible confrontación entre el legado de Petro y las prioridades del nuevo Ejecutivo.

La medida de Petro podría impactar la estabilidad económica del país, pero también refleja una lucha por la continuidad de políticas clave. La demanda legal que promete presentar amplía el escenario de tensión, mientras la oposición y el sector empresarial observan con cautela los movimientos del próximo gobierno.