El incendio que azotó la zona de Los Gallardos, en Almería, el viernes pasado, se convirtió en el más mortífero del siglo en España. La tragedia, que destruyó más de 6.600 hectáreas y dejó a 1.405 personas desalojadas, deja un rastro de preguntas: ¿qué causó el fuego que atrapó a decenas de personas en carreteras sin salida? Las autoridades, entre ellas la Guardia Civil y los equipos del INFOCA, aún buscan identificar a las víctimas y controlar las llamas.

Pero el foco se ha centrado en un cable que, según teorías iniciales, pudo haber sido la causa. La empresa Endesa descartó que el conductor perteneciera a su red, mientras que RedEléctrica aseguró que no formaba parte de su sistema. Los técnicos explicaron que se trataba de una acometida privada de baja tensión, destinada a un restaurante abandonado desde 2009. Sin embargo, la presencia de ese cable en la zona de incendio ha generado controversia: ¿estaba realmente sin tensión, como señalaron los registros, o se usaba «bajo cuerda» para abastecer otros puntos?

El debate no se limita al caso de Los Gallardos. En España, se estima que hay miles de cables similares sueltos por los campos, sin dueño ni registro. Estos cables, aunque aparentemente inactivos, representan un riesgo potencial si se dañan o se usan para fines no autorizados. En California, por ejemplo, se ha demostrado que los cables son responsables de alrededor de un 50% de los incendios forestales. La situación en España, aunque no tiene los mismos índices, muestra una infraestructura eléctrica en desorden.

El problema no es solo técnico. Es una cuestión de gestión y regulación. ¿Quién se hace responsable de los cables abandonados? ¿Cómo se controla su existencia en áreas rurales y forestales? Las autoridades, tanto a nivel local como nacional, enfrentan la tarea de modernizar sistemas de registro y monitoreo. Mientras tanto, los vecinos de Almería, todavía con el polvo del incendio en las manos, esperan respuestas.

El incendio de Los Gallardos no solo fue una tragedia natural, sino una advertencia sobre la fragilidad de la infraestructura eléctrica. En un país donde se estima que hay miles de cables abandonados, la necesidad de una regulación más estricta y de registros actualizados se hace evidente. La crisis del cable no solo amenaza la seguridad, sino también la conciencia colectiva sobre el cuidado de los recursos y la responsabilidad compartida.