El nuevo proyecto de Inocencia Fiscal, anunciado por el ministro de Economía, Luis Caputo, se convertirá en la principal iniciativa del oficialismo en la Cámara de Diputados. El objetivo es lograr su aprobación antes de finalizar el año, aunque el horizonte está marcado por la pausa legislativa y la necesidad de la media sanción del Senado. La Ley de Lobby, que se encuentra en frío, limita el avance de otros temas, lo que vuelve aún más crucial el debate sobre el régimen fiscal.

Las comisiones de Presupuesto y Legislación Penal, lideradas por los libertarios Alberto Benegas Lynch y Laura Rodríguez Machado, ya planifican reanudar el trabajo tras el receso para debatir los cambios al sistema. Aunque el texto aún no ha sido estudiado en profundidad, el PRO y la UCR han señalado su disposición para acompañar las modificaciones, como hicieron con la ley original en diciembre. Sin embargo, la brecha entre los intereses políticos y los cuestionamientos de la sociedad civil se hará más visible.

Uno de los puntos más polémicos es la posibilidad de que funcionarios adheran al régimen simplificado del Impuesto a las Ganancias. Este tema se intensifica tras el escándalo del exjefe de gabinete Manuel Adorni y su esposa, Bettina Angeletti, quienes se adherieron al régimen antes de presentar su declaración jurada en junio de 2026. «Otra ley hecha a medida», criticó el peronista Agustín Rossi, mientras que el socialista Esteban Paulón defendió la necesidad de cerrar la brecha entre los poderosos y los ciudadanos comunes.

Por su parte, un diputado radical, especialista en economía, destacó la importancia de reconocer a los contribuyentes que cumplen con sus obligaciones. «Totalmente de acuerdo con dar certezas al ahorrista, pero el buen contribuyente merece una atención específica», afirmó. Este equilibrio entre la protección de los ciudadanos y la vigilancia fiscal sigue siendo un tema clave en la discusión. El proyecto ya obtuvo media sanción en diciembre de 2025 con 130 votos a favor, 107 en contra y 2 abstenciones, lo que refleja el amplio debate al que se enfrenta.

Las comisiones legislativas se reunirán en julio para avanzar en el debate, pero la tensión entre la agenda oficial y las críticas externas seguirá definido el escenario. La aprobación final dependerá de la capacidad de construir un consenso que incluya a la sociedad civil y no solo a los actores políticos.