El Concejo Deliberante de Allen resolvió suspender al intendente Marcelo Román, acusado de administración fraudulenta y peculado, en un episodio que marca un punto crítico en la crisis política del municipio. La decisión, tomada tras una votación de seis a tres, implica que Román dejará de percibir su salario hasta que la Justicia resuelva su situación. El jefe comunal se negó a abandonar el cargo y denunció una «intervención ilegítima», calificando la medida como un «golpe institucional».

La situación se agudizó tras años de acusaciones de desvío de recursos públicos. Román, que llegó al sillón en 2023 como parte de una coalición radical, fue señalado por gastos millonarios en la Fiesta Nación de la Pera, que costó 576 millones de pesos. También se lo criticó por el despido de decenas de trabajadores municipales, algo que el intendente atribuyó a una «crisis económica nacional». Durante la gestión, la Secretaría de Trabajo clausuró camiones de residuos, lo que obligó al jefe comunal a unirse a sus concejales para recolectar la basura manualmente.

El conflicto no es nuevo. En 2024, el Concejo rechazó la emergencia económica que presentó Román, y en 2025, los concejales lo apartaron preventivamente de sus funciones, una medida que ahora se repite. El intendente, que fue vicepresidente de La Libertad Avanza hasta agosto de 2025, renunció al cargo «por motivos personales» y se mantuvo fiel a su postura en este nuevo enfrentamiento.

La suspensión, aunque no es definitiva, refleja el desgaste de su gestión. La Justicia deberá evaluar si las acusaciones tienen sustento, pero el episodio deja en claro la polarización en Allen, donde el gasto público y el uso de recursos son temas candentes. En un video difundido por el medio local Inforo, se muestra la confrontación en el Concejo, donde Román se negó a abandonar el palco, poniendo de manifiesto la tensión entre el Ejecutivo y el Legislativo.

La decisión del Concejo de Allen eleva la tensión en un municipio que vive una crisis económica y política profunda. Aunque Román no se retirará de la escena, su situación legal y la falta de claridad sobre el destino de los recursos públicos seguirán siendo puntos clave en la agenda local. La resolución del caso podría definir el rumbo de la administración en los próximos meses.