El Salvador cerró este martes el juicio masivo contra líderes de la pandilla Mara Salvatrucha (MS-13), un caso que duró tres meses y abarcó a 485 acusados. La fiscalía pidió penas de miles de años de prisión, basándose en más de 14.420 crímenes cometidos entre 2012 y 2022. El proceso, que se celebró en forma virtual desde presidios, incluyó el análisis de 650 audios y 22.000 folios, entre ellos actas policiales y certificaciones que revelan la operación de cárceles como centros de extorsión y asesinatos.

El juicio resalta el desmantelamiento de la «ranfla histórica», la cúpula de MS-13 desarticulada en 2020 por una campaña gubernamental liderada por Nayib Bukele. Los acusados, entre ellos 22 veteranos del grupo, fueron juzgados en el Tribunal Contra el Crimen Organizado, un órgano especializado que se encargó de reunir pruebas de la red de 230 células distribuidas en todo el país. La Fiscalía destacó que los líderes usaron el sistema de «apertura de válvulas», un método en el que ordenaban asesinatos desde las cárceles, convirtiendo las prisiones en focos de violencia.

La mayoría de los imputados ya cumplían condenas que equivalían a una vida en prisión, lo que generó tensiones en las cárceles. Durante el proceso, 162 pandilleros hicieron declaraciones, algunos confesando participar en operaciones de extorsión y tráfico de drogas. La Fiscalía exigió además 9 millones de dólares en responsabilidad civil por delitos de extorsión agravada, una cifra que refleja el alcance de la red criminal.

El fallo, previsto en las próximas semanas, podría marcar un hito en la lucha contra el crimen organizado en El Salvador. Sin embargo, el caso también revela las complejidades del sistema penal, que enfrenta críticas por la alta carga de casos y la presión de la sociedad. Los abogados defensores argumentaron que el juicio masivo puede exacerbar las condiciones de las cárceles, donde ya se registran casos de sobrecupo y falta de servicios básicos.

El cierre del juicio deja en espera el destino de 485 acusados, entre ellos líderes que operaron desde las cárceles. La demanda de 9 millones de dólares y penas de vida reflejan el impacto del sistema de «apertura de válvulas», mientras que el proceso abre nuevas preguntas sobre la capacidad del sistema judicial para responder a la violencia organizada.