El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santa Cruz condenó este miércoles a Claudio Villamide, excomandante de la Fuerza de Submarinos, a tres años de prisión en suspenso por estrago culposo y incumplimiento de deberes. La decisión, que coincidió con el pedido de la fiscalía, cerró un juicio que duró más de un año y abarcó la tragedia del ARA San Juan, el submarino que hundió en 2018, dejando 44 fallecidos. Los tres exaltos mandos —Luis López Mazzeo, Héctor Alonso y Hugo Correa— fueron absueltos de los cargos por negligencia y responsabilidad institucional, según el fallo dictado durante la audiencia de la tarde.

Durante la jornada, los imputados reiteraron su inocencia en el último descargo ante el tribunal. El juicio, iniciado en marzo de 2023 en Río Gallegos, incluyó testimonios de excomandantes, técnicos y peritos que analizaron deficiencias en la mantenimiento del submarino, alertas de emergencia y órdenes operativas. La causa, una de las más complejas de la historia judicial argentina, recorrió más de 30 audiencias y fue clave para dilucidar responsabilidades en la cadena de mandos de la Armada.

La investigación se centró en documentos reservados que detallaban reparaciones previas al hundimiento y mensajes de radio emitidos durante la última misión del submarino en el Atlántico Sur. Los peritos navales y exfuncionarios de la cúpula naval de 2017 aportaron testimonios que respaldaron las conclusiones de la fiscalía sobre el mal estado técnico del ARA San Juan. Sin embargo, la defensa de los exmandos argumentó que las responsabilidades recaían en la institución y no en individuos, un argumento que el tribunal consideró no suficiente para absolverlos.

El fallo, que se suma a otros procesos abiertos por la tragedia, refleja la complejidad de juzgar hechos vinculados a la seguridad nacional y el funcionamiento institucional. Aunque Villamide enfrenta una pena, su condena en suspenso abre espacio para debates sobre la responsabilidad penal de altos funcionarios en casos de emergencia. La decisión, sin embargo, no cierra el debate sobre la gestión del estado de emergencia marítima ni las reformas necesarias para evitar futuras tragedias, cuestiones que seguirán en el centro de la discusión pública.

El veredicto pone fin al juicio pero no al debate institucional: el caso del ARA San Juan sigue siendo un referente para analizar la responsabilidad de la Armada y el impacto de la negligencia en la vida de 44 marineros.