El presidente Javier Milei reactivó la idea del «Shutdown», un mecanismo inspirado en Estados Unidos que cerraría temporalmente el Estado si el Congreso no aprueba el presupuesto. La propuesta, anunciada este martes durante el festejo del triunfo del seleccionado argentino, busca presionar a los diputados y senadores para acelerar la aprobación del plan de cuentas. Sin embargo, desde el peronismo y otros sectores de la oposición, se cuestionó su viabilidad, calificándola como «inconstitucional» y «inviable» para el marco legal argentino.

La medida, que incluiría la suspensión de gastos no esenciales y la paralización de funciones públicas, generó debate en el Parlamento. La oposición advierte que podría desestabilizar la gestión estatal y violar principios de la Constitución. «Habría que estudiarlo mejor», alertó el diputado radical Lisandro Nieri, quien señaló que la Ley de Administración Financiera permite la reconducción del presupuesto del año anterior si el Ejecutivo no emite el decreto de continuidad. En ese caso, el Estado seguiría funcionando, pero con restricciones.

Milei, por su parte, argumentó que la falta de aprobación del presupuesto generaría un vacío legal y que «cuando te agotás el Presupuesto, no se puede gastar más y se apaga el Estado». La propuesta se enmarca en una disputa política recurrente cada vez que se acerca el plazo para presentar el proyecto de ley de Presupuesto. Esta vez, la tensión se agudiza tras meses de negociaciones sin acuerdo, con la oposición rechazando ajustes considerados excesivos.

La iniciativa del Ejecutivo también entra en conflicto con la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, que Milei promueve como parte de su agenda de desregulación. Si se implementa el «Shutdown», el impacto sería inmediato en áreas como salud, educación y seguridad, mientras que el Congreso buscaría alternativas para evitar la paralización total. La fecha límite para presentar el proyecto de presupuesto en marzo será clave para definir el rumbo de la disputa.

La propuesta del «Shutdown» plantea un escenario de crisis institucional si se materializa, ya que desafía el marco legal y la estabilidad del Estado. La oposición anticipa una lucha política intensa, mientras que el Ejecutivo enfrenta el desafío de convencer a los parlamentarios de su necesidad, sin descartar el riesgo de un enfrentamiento que podría retrasar la aprobación del presupuesto.