¿Qué pasó y por qué?

La Cámara de Apelaciones de Tres de Febrero de la provincia de Buenos Aires decidió suspender temporalmente la aplicación de la Ley 12.331, que reduce la edad mínima de imputabilidad penal a 14 años. La medida, que durará 60 días, fue solicitada por el abogado defensor de un menor acusado de delitos graves, según informó Clarín.

El fallo se emitió tras un debate que abordó la constitucionalidad de la norma, que fue aprobada en 2022 y entró en vigencia en julio de ese año. La ley permite que menores de 14 años sean juzgados en tribunales penales si se considera que su conducta fue «grave o delictiva». La decisión judicial se produce en un contexto de críticas a la norma, que algunos consideran vulnera derechos de la infancia y favorece la criminalización de jóvenes.

Antecedentes y debate legal

La Ley 12.331 fue promulgada bajo el argumento de combatir la violencia y el delito en la adolescencia. Sin embargo, desde su aprobación, el tema ha generado controversia. Grupos de derechos humanos, organizaciones de padres y algunos abogados cuestionaron su aplicación, argumentando que la edad mínima de 14 años es «inadecuada» para juzgar a menores, en lugar de orientarlos a medidas de acompañamiento.

La Cámara de Apelaciones de Tres de Febrero, al emitir la suspensión, señaló que la norma «no cumple con los principios de la protección integral de la infancia». El abogado defensor, que no fue identificado, destacó que la decisión permitirá «evaluar la viabilidad de un sistema que priorice la intervención psicosocial sobre el castigo». Esta postura se alinea con la recomendación de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, que defiende el enfoque de «enfoque de derechos» para menores.

La suspensión de la ley por 60 días no implica su derogación, pero abre un espacio para reevaluar su enfoque. En tanto, el debate sobre el enfoque de derechos versus la prevención del delito sigue en curso, con impactos en políticas públicas y sistemas judiciales.