La oposición acusó al intendente de Lanús, Julián Álvarez, de implementar un sistema de fotomultas sin homologación formal, lo que generó controversia en el distrito. Denunciantes de bloques como La Libertad Avanza calificaron el esquema como «ilegal» y lo vincularon a un supuesto «curro recaudatorio» destinado a sostener la estructura política del intendente.

Según las irregularidades señaladas, los dispositivos de fotomultas no cumplirían con las normativas provinciales de Buenos Aires. La falta de certificaciones legales para su funcionamiento se convirtió en el eje central de las críticas, con denunciantes que alertaron sobre el riesgo de abuso en la aplicación de multas.

Los cuestionamientos abarcan tanto la legalidad del mecanismo como su transparencia. Los concejales y legisladores provinciales sostienen que el sistema no solo viola regulaciones, sino que también perpetúa prácticas de financiación política. En tanto, el intendente no ha respondido directamente a las acusaciones, pero la situación sigue bajo investigación.

La controversia sobre las fotomultas en Lanús refleja un debate abierto entre la gestión local y la oposición, con denuncias que involucran normativa, transparencia y uso de recursos públicos. La cuestión sigue en manos de organismos encargados de evaluar la legalidad del esquema.