La demanda de Ctera y la crítica al Gobierno

Docentes de todo el país se movilizaron este lunes en un paro de 24 horas convocado por la Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA), en la primera jornada escolar tras las vacaciones de invierno en las escuelas porteñas y de la provincia de Buenos Aires. La medida de fuerza se enmarca en la exigencia de que se reanuden las paritarias salariales, un tema que desde hace meses divide al sector docente y las autoridades. La organización sindical destacó que el paro se convocó «después de dos meses de negociación fallida» y pidió al Estado que «respete el derecho a la huelga».

Sonia Alesso, secretaria general de Ctera, criticó al Ejecutivo por «reprimir la protesta social y el derecho de huelga, en vez de mejorar la propuesta educativa y mejorar salarios». Durante la jornada, acusó al gobierno de «ejercer presiones sobre provincias y escuelas» para mitigar el impacto del paro. En un comunicado, Alesso denunció que desde el viernes se habían realizado «notas a provincias, a escuelas y en diarios» con el objetivo de «reducir la cobertura del conflicto».

Alesso también apuntó directamente al jefe de Gabinete, Diego Santilli, acusándolo de «ejercer un poder de policía» en provincias mediante notas a ministros de Educación. «Si esa energía se utilizara en cumplir las leyes, porque el derecho de huelga es constitucional», sostuvo. La sindicalista subrayó que las autoridades «deben garantizar la educación, no imponer condiciones para la movilización».

La postura del Gobierno y los controles de funcionamiento

Desde el Ministerio de Educación, el secretario de Trabajo, Julio Cordero, insistió en que el paro «es un derecho, pero moderado por la ley de Modernización Laboral». En un comunicado, el funcionario explicó que se exige «una cobertura mínima del 75% del funcionamiento habitual de las escuelas», para garantizar que los alumnos «tengan el derecho a educarse». Cordero destacó que el gobierno está «trabajando con la ministra Sandra Pettovello todo el fin de semana» para aplicar la normativa vigente, que «por primera vez» regula este tipo de paros.

El ministro también advirtió que el Ministerio de Capital Humano «vializará algunos colegios» para verificar si se cumple el umbral de funcionamiento. «Si no se respeta el 75%, se inicia un proceso sancionatorio concreto», indicó. Según fuentes oficiales, la fiscalización se concentrará en escuelas de zonas urbanas, donde los efectos del paro son más evidentes. La medida busca evitar que la protesta afecte de forma generalizada el sistema educativo.

Cordero insistió en que la ley no «limita la libertad de huelga», sino que «la regula para proteger derechos de los estudiantes». En Radio La Red, el funcionario defendió que la norma «permite equilibrar la protesta con la necesidad de continuidad educativa». La postura del Ejecutivo se alinea con el planteo del ministro de Educación, Mario Cazón, quien había anunciado previamente que «la educación no puede detenerse» durante un conflicto laboral.

El ministerio de Capital Humano prepara inspecciones en escuelas para garantizar el 75% de funcionamiento durante el paro, mientras Ctera rechaza las condiciones impuestas y exige la reanudación de las paritarias. La tensión entre las autoridades y el gremio se profundiza en un contexto de crisis salarial en la educación pública.