El escándalo que involucró al exjefe de Gabinete Manuel Adorni, quien renunció tras revelar gastos desmesurados, ha generado una revisión de las declaraciones patrimoniales de los actuales líderes del Ejecutivo. La crisis, que duró 112 días, se originó en la inconsistencia de los datos que Adorni presentó ante la Oficina Anticorrupción. Su patrimonio, que incluía propiedades en Caballito y el country Indio Cuá, viajes en avión privado y gastos en tarjetas de crédito, contrastaba con su salario declarado de poco más de 3 millones de pesos.

La nueva cúpula del Gabinete, conformada por Diego Santilli y sus vices Juan Ignacio Devitt y Gustavo Coria, ahora se encuentra bajo la mirada del público y la prensa. Todos ingresaron al gobierno en diciembre de 2025, lo que significa que sus declaraciones patrimoniales aún no reflejan sus últimas transacciones. El caso de Adorn, que abrió una brecha en la narrativa anticasta del gobierno, ha reavivado el debate sobre transparencia y ética en la función pública.

Santilli, el flamante jefe de Gabinete, declaró un patrimonio total de 968 millones de pesos. La mayor parte corresponde a un departamento en Barrio Parque, valorado en 748 millones, y al 50% de SanFor Investments SA, una empresa familiar fundada en 2015. Esta compañía, presidida desde su creación por Santilli, sus hermanos y su padre, se dedica a inversiones en emprendimientos y sociedades en Argentina y el exterior. La cifra elevada de su patrimonio ha generado preguntas sobre la coherencia de sus declaraciones con su salario público.

La situación de los nuevos líderes refleja la tensión entre la narrativa de modernización del gobierno y las prácticas que, aunque no necesariamente ilegales, generan desconfianza. La Oficina Anticorrupción seguirá monitoreando estas declaraciones, pero en tanto, el escándalo Adorni sigue siendo un faro para la crítica y una prueba del desafío que enfrenta la administración de Milei en materia de transparencia.

La revisión de los patrimonios de la nueva cúpula del Gabinete reaviva la discusión sobre ética pública y transparencia, mientras la Oficina Anticorrupción continúa investigando las declaraciones de los actuales funcionarios.