El lunes, la justicia argentina condenó a tres exfuncionarios del kirchnerismo por un esquema de corrupción que involucró más de 17 millones de pesos en coimas para la construcción de gasoductos. Julio De Vido, ex ministro de Planificación; José López, ex secretario de Obras Públicas; y Néstor Ulloa, ex gerente de Fideicomisos de la Nación, fueron señalados en la causa que demoró 20 años en llegar a la luz. La investigación se originó en 2005, cuando la multinacional sueca Skanska, contratada para ampliar un gasoducto en Dean Funes (Córdoba), utilizó facturas falsas de 23 sociedades para ocultar pagos a proveedores inexistentes.

El periodista Pablo Abiad fue clave para desentrañar el caso. En 2005, publicó en Clarín revelaciones sobre un esquema de dádivas en una licitación del Ministerio de Planificación. Entre las revelaciones, Abiad detalló que un ejecutivo de Skanska, Javier Azcárate, admitió en una grabación haber pagado coimas para la obra y haber usado facturas truchas. Esta investigación abrió el camino a la creación del libro «El Club K de la Obra Pública. Skanska, un caso», publicado en 2007 por Planeta. La obra documentó cómo el sistema de contrataciones públicas en la era kirchnerista estaba marcado por prácticas ilegales.

El caso, denunciado en 2005 por diputados de ARI y PRO, Adrián Pérez y Esteban Bullrich, se convirtió en el primer gran escándalo de corrupción del kirchnerismo. La denuncia de Skanska, que reconoció haber pagado «comisiones indebidas» en el proyecto, generó una investigación judicial que tardó una década en materializarse. En 2007, Clarín publicó que un auditor interno de la empresa había confirmado que dos ejecutivos admitieron los pagos, cuya cifra alcanzó los 17 millones de pesos. La operación, según documentos judiciales, se desarrolló entre julio y octubre de 2005, justo cuando la empresa iniciaba la construcción del tramo de gasoducto.

La condena de los tres exfuncionarios no solo desbarató la imagen de transparencia del kirchnerismo, sino que marcó el inicio de una fiscalización más estricta de la obra pública. El caso evidenció cómo prácticas de corrupción habían sido toleradas durante años, incluso con la participación de figuras clave del Estado. Aunque la condena no aborda todos los aspectos del caso, su resolución simboliza un avance en la lucha contra la impunidad.

La resolución del caso Skanska pone de relieve cómo el sistema de contrataciones públicas en la era kirchnerista fue marcado por prácticas ilegales, pero también muestra que el marco legal actual puede hacer frente a esquemas antiguos, generando un precedente para futuras investigaciones.