La polémica entre el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, y el periodista Luis Novaresio surgió tras el anuncio de una iniciativa que busca derogar la Ley 25.542, que establece el precio único de venta al público (PVP) de libros. Novaresio, en un mensaje publicado en X, acusó al gobierno de «crueldad» al pretender eliminar una norma que, según él, protege a las librerías independientes. «La crueldad al pretender hacer desaparecer librerías y editoriales independientes es un modo sofisticado de la maldad», escribió, aludiendo a la crítica del sector editorial sobre el impacto de la medida.

El proyecto, incluido en el anteproyecto de «Ley hojarasca», busca derogar la norma que, desde 1993, regula el precio mínimo de libros. El Ministerio de Desregulación argumenta que la medida busca «eliminar restricciones, fomentar la libre competencia y reducir la intervención estatal en distintos mercados». Sin embargo, el sector editorial teme que la eliminación del PVP favorecerá a grandes editoriales y reducirá la accesibilidad de los libros para el público general.

Sturzeneg, en un posteo reciente, respondió a Novaresio señalando que «un librero amigo» fue obligado a subir el precio de un libro de 40 mil a 99 mil pesos tras la aplicación de la ley. «Me pregunto cómo puede ser que alguien piense que se defiende la cultura con libros caros e inaccesibles», afirmó, defendiendo que la derogación beneficia al consumidor. Su crítica, sin embargo, fue cuestionada por críticos que argumentan que el PVP actúa como un mecanismo de protección para editoriales de menor tamaño.

El sector editorial, en declaraciones a medios, expresó preocupación por la posibilidad de que la medida afecte la diversidad editorial y el acceso a obras en zonas rurales o de bajos ingresos. «La eliminación del precio único podría llevar a un mercado dominado por editoriales grandes, reduciendo la oferta de títulos más accesibles», aseguró una editora. La controversia refleja una tensión entre la liberalización del mercado y la necesidad de garantizar la cultura como bien público.

La discusión sobre la derogación de la Ley 25.542 se profundiza en un debate entre modelos de regulación, con el sector editorial alertando sobre el riesgo de concentración en el mercado, mientras el gobierno defiende la libertad de competencia como eje de su agenda de desregulación.