La fiscal Raquel Almada, de la Fiscalía Regional de Rosario, decidió liberar a Matías Belloso, hijo del presidente del club Rosario Central, Gonzalo Belloso, tras un procedimiento policial en la zona norte de la ciudad. La decisión, tomada la semana pasada, generó una fuerte controversia en el entorno local, especialmente por el contexto político que envuelve a la AFA, la Asociación del Fútbol Argentino, donde el entorno del presidente del club ha sido blanco de investigaciones. La resolución fue criticada por varios operadores judiciales de la provincia, quienes destacaron que la Fiscalía suele aplicar criterios más estrictos en casos similares.

El procedimiento se originó tras una denuncia por amenazas, en la que policías encontraron un revólver calibre .22 sin registrar en un automóvil en el que viajaban cuatro personas, incluido Matías Belloso, de 26 años. La fiscal determinó que el arma no era de su propiedad, lo que le permitió liberarlo sin formular cargos. Sin embargo, este criterio contrastó con la práctica del Ministerio Público de Santa Fe, que suele impulsar la tenencia compartida en casos de armas encontradas junto a múltiples personas, una norma que ha tenido antecedentes condenatorios en la jurisdicción.

La resolución de Almada no solo generó críticas en el ámbito judicial, sino que también llevó a la intervención de la Auditoría General de Gestión (AGG), que se encargará de analizar el caso. Según fuentes locales, el legajo de la fiscal fue trasladado al fiscal Fernando Dalmau, quien asumirá la gestión del expediente. Esta decisión refleja la complejidad de la situación, donde la figura del hijo del presidente de un club de alto perfil se convierte en un foco de atención por su vinculación con instituciones de impacto nacional.

El episodio ganó relevancia cuando se descubrió que otro detenido, Fausto Carbajo, es señalado en una investigación judicial como uno de los «cajeros» de una estructura vinculada al juego clandestino. Esta conexión reavivó las tensiones en el entorno de la AFA, donde distintas causas judiciales y acusaciones administrativas han expuesto la conducción de la entidad. La situación pone de relieve cómo la participación de figuras cercanas a instituciones deportivas puede ser interpretada como un riesgo para la transparencia en el fútbol argentino.

La auditoría que se inicia puede determinar si la fiscal Raquel Almada cumplió con los protocolos judiciales. Sin embargo, el caso resalta la necesidad de clarificar los criterios en casos donde la propiedad de armas y la responsabilidad de individuos se ven en disputa, especialmente cuando involucran a figuras con influencia política. El impacto en la AFA no solo afecta su imagen, sino que también pone en juego la percepción de la justicia en contextos de poder.