El intendente de General Alvear, Ramón «Tito» Capra, autorizó un aumento del 10% en cuatro tramos para 519 empleados municipales, incluyendo a los concejales. Dos pagos de 2,5% cada uno generaron críticas. Tras una decisión del Concejo Deliberante, nueve concejales —de distintas fuerzas políticas— aprobaron una ordenanza que congeló los salarios del intendente, su gabinete y los concejales hasta octubre.

La norma N°2685 estableció que «el intendente municipal, los concejales y todos los funcionarios de planta política no alcanzados por la Ley 14656 recibirán incremento alguno». Además, limitó el salario básico de los secretarios de Hacienda, Gobierno, Salud y Obras a un 40% del sueldo del intendente, mientras que el contador y otros cargos tuvieron cupos reducidos. El intendente actualmente percibe unos 5,2 millones de pesos mensuales, mientras los concejales reciben aproximadamente 1,7 millones.

Capra defendió la medida, señalando que «siempre hemos establecido los aumentos para los empleados municipales de esta manera». Destacó su experiencia de más de una década en la gestión local y la necesidad de ajustar salarios según el volumen de servicios. La disputa, sin embargo, se trasladó a la Suprema Corte bonaerense, donde se evalúa si la ordenanza violó la autonomía municipal.

El caso refleja un conflicto entre el Ejecutivo y el Legislativo en un municipio con tensiones políticas. La cuestión judicial aborda la legalidad de las restricciones salariales impuestas por el Concejo, en un contexto de presión por transparencia y uso responsable de los recursos públicos.