La mujer, de 36 años, fue encontrada sin vida en su vivienda de Lomas del Mirador, en La Matanza, el lunes. Según fuentes judiciales, el cuerpo estaba contra una ventana, con un cable que la sujetaba. La autopsia confirmó que la causa de la muerte fue ahorcadura. Aunque se considera un suicidio, la investigación no descarta la participación de terceras personas. El teléfono de Ariana, secuestrado en el lugar, será analizado para descartar mensajes que puedan vincularla con actos delictivos.

Ariana fue una testigo clave en el juicio contra Maximiliano Pilepich, Nahuel Vargas y Matías Gil, acusados del crimen de Fernando Pérez Algaba, el empresario asesinado y descuartizado. En su declaración del 30 de junio, sostuvo que «tuve un novio asesino» y expresó un profundo trauma, sin ocultar su responsabilidad en el caso. La mujer, en la que se reconocía un vínculo con el acusado, fue clave para la condena de los tres imputados, quienes fueron declarados culpables de homicidio agravado por codicia, premeditación y participación múltiple.

La muerte de Ariana se enmarca en un contexto de crisis de salud mental en Argentina, donde el suicidio es la primera causa de muerte entre jóvenes de 15 a 34 años. En 2025, se registraron 5.209 suicidios, un 21,6% más que el año anterior, según datos del Gobierno de la Ciudad. La investigación sobre su muerte se complejiza al considerar que el entorno legal y social en el que vivía podría haber influido en su estado emocional. La Justicia monitorea las circunstancias previas al suicidio, incluyendo mensajes por WhatsApp que podría haber enviado a familiares.

La muerte de Ariana no solo afecta la causa judicial, sino que resalta la fragilidad de quienes testimonian en procesos complejos. Su testimonio fue fundamental para la condena de los acusados, pero su muerte plantea preguntas sobre el impacto emocional de los juicios en las personas involucradas. La Fiscalía continúa investigando si hubo negligencia o factores externos que influyeron en su decisión. La comunidad local, donde vivía, se sumó al llamado a acompañar a personas en situación de vulnerabilidad psicológica, en un contexto de crecimiento del suicidio en la región.

La Justicia continúa indagando si la muerte de Ariana fue un suicidio o si hubo intervención de terceros, mientras se reforzaron protocolos de acompañamiento psicológico para testigos en casos de alta tensión. La muerte de la mujer refleja la complejidad de los juicios de alto impacto y el peso emocional sobre quienes participan en ellos.