El juicio por el crimen de Fernando Pérez Algaba, conocido como «Lechuga», avanzó este domingo hacia su finalización. La fiscal Marcela Dimundo presentó su alegato en la sexta audiencia del caso, marcando un punto de inflexión en la investigación del asesinato del empresario, ocurrido el 18 de julio de 2023. La fiscal solicitó prisión perpetua para los tres acusados: Maximiliano Pilepich (47), Matías Gil (31) y Nahuel Sebastián Vargas (46), quienes enfrentan cargos por el homicidio y otros delitos.

El juicio se desarrolla en el edificio de Larroque y Camino Negro, en Lomas de Zamora, lugar donde el 18 de julio del año pasado se registró un crimen que conmocionó al conurbano. Aunque las salas del edificio estaban cerradas, solo una permanecía abierta, con 17 jurados (12 titulares y 5 suplentes) abrigados en el frío. La sala se encontraba sin gas, lo que hacía más helada la atmósfera que rodeaba el proceso.

Durante el alegato, la fiscal sostuvo que los tres imputados, junto con otras personas, acordaron matar a Pérez Algaba por motivos económicos. «El martes les dije que a Fernando lo mataron por plata», afirmó, resumiendo la línea de argumentación del Ministerio Público. Según el relato, el empresario fue asesinado en una propiedad de la zona, tras ser convocado por Pilepich, quien lo habría invitado a «venir a la sombra» para resolver una deuda. La fiscal destacó que el crimen fue planificado y ejecutado con armas de fuego, con disparos que lo dejaron sin vida en el lugar del hecho.

En la audiencia, la defensa de los acusados presentó argumentos que se centraron en cuestionar la cadena de pruebas y la relación entre los imputados y el crimen. Los abogados alegaron que los testimonios y la evidencia no sufren «coherencia» y que el acusado Pilepich, en particular, no estaba implicado en la muerte del empresario. Sin embargo, la fiscal insistió en que los tres imputados «estaban de acuerdo» en el plan de asesinato, lo que, según su postura, refuerza la responsabilidad penal.

El jurado popular definirá este lunes la condena de los tres acusados, cuya decisión podría tener un impacto significativo en el ámbito judicial del conurbano. El caso sigue abierto como un ejemplo de cómo se aborda la violencia y la corrupción en zonas de altos ingresos, en un contexto donde el poder económico parece ser un factor clave en la justicia.