Hace una semana, miles de personas en el Conurbano y otras zonas del país se movilizaron en protestas contra la medida del gobierno que suspendió el Salario Social Complementario, un programa que benefició a casi un millón de personas. Marina Joski, integrante de la mesa nacional de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), ratificó el plan de lucha en una entrevista con DiarioConurbano.com.ar. «Las medidas se van ir profundizando de acá a fin de año», aseguró, al tiempo que alertó sobre un escenario de conflictividad creciente.

Marina Joski: «El Estado condena a miles a la esclavidad»

Joski destacó la unidad entre organizaciones sociales durante las protestas del pasado 22 de julio, que se extendieron al Congreso y a múltiples puntos del país. Sin embargo, criticó la decisión gubernamental de no entregar alimentos a comedores y la suspensión del salario social complementario, ratificada recientemente por la Justicia. «Están condenando a casi un millón de personas a la esclavitud y poniendo en riesgo la paz social», explicó. Para la dirigenta, la medida complica la supervivencia de espacios comunitarios, donde «avanza el narco y la delincuencia» cuando el Estado se retira.

Vouchers como «mentira» para sustituir el salario social

La UTEP cuestionó el plan de vouchers en capacitación impulsado por el Ministerio de Capital Humano, encabezado por Sandra Pettovello. Joski lo tachó de «indignante» y «mentira», al señalar que las propuestas están centralizadas en Capital Federal y no ofrecen herramientas reales para los trabajadores. «Lo único que pretenden enseñar es la ‘resiliencia’ laboral, que en la práctica no sirve para nada», criticó. Esta medida, que se probó en forma piloto, fue rechazada por organizaciones que ven en ella una «sustitución fraudulenta» del salario social, una herramienta clave para la economía popular.

Impacto en barriadas y el riesgo de violencia

La suspensión del salario social complementario ha generado tensión en barriadas de la región, donde muchas familias dependen de ese apoyo para acceder a alimentos y servicios básicos. Joski explicó que la medida no solo afecta la economía de las personas, sino que también debilita las redes de organización comunitaria. «Donde el Estado se retira, avanza la delincuencia», advirtió. En lugares como Morón, La Matanza y Berazategui, vecinos denuncian que la falta de recursos pone en peligro la estabilidad de los espacios donde se articula la lucha social.

El anuncio de nuevas protestas en la segunda mitad del año reafirma la intensa movilización de organizaciones populares. La UTEP y sus aliados siguen exigiendo una respuesta gubernamental ante el riesgo de agravar el conflicto y profundizar la precariedad en el Conurbano.