A un año de la condena firme, comienza el juicio oral del segundo tramo de la causa Vialidad
La investigación Vialidad II, que vincula a ex funcionarios de la DNV y a Lázaro Báez, se avanza en el TOF 2. El caso incluye sanciones millonarias y responsabilidades institucionales que abarcan más de una década de irregularidades.
El tramo que desvela una red de corrupción de 12 años
El juicio oral del segundo tramo de la causa Vialidad, conocido como «Vialidad II», inició este viernes en el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2), donde se analiza la responsabilidad institucional de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) en Santa Cruz. La investigación, que se desarrolla en un contexto de descubrimiento de «ardides delictivos», revela una red de corrupción que abarca más de doce años y involucra a varios actores, incluido el ex socio comercial de la familia Kirchner, quien adjudicó el 86% de los contratos en la Patagonia. El fiscal general, Diego Luciani, participó en el debate como parte de la causa.
Sanciones millonarias y un sistema judicial en tensión
La condena firme de Cristina Kirchner por el delito de administración fraudulenta, que culminó el 14 de junio de 2025, implica una pena de seis años de cárcel y un decomiso de 685.000 millones de pesos, a cargo de Lázaro Báez, Nelson Periotti, José López y otros acusados. Sin embargo, el caso central se desdibuja al desentrañarse nuevas líneas de investigación. La Vialidad II, que se instruye en paralelo, apunta a responsabilidades de la DNV en Santa Cruz, donde se configuró un sistema de beneficios irregulares que permitió al Grupo Austral ganar contratos de forma sistemática, incluso sin cumplir con las condiciones técnicas. La complejidad del juicio refleja la tensión entre la justicia y la política, en un contexto de presión institucional y público.
Un mapa de irregularidades que atraviesa la política argentina
El escándalo Vialidad, que originó una red de corrupción que afectó al Estado durante más de una década, sigue abriéndose con nuevas piezas. La Vialidad III, aún en instrucción, analiza la participación de funcionarios provinciales en la facilitación de un sistema que benefició al Grupo Austral, cuyos contratos generaron perjuicios millonarios. El caso no solo revela abusos en la adjudicación de obras, sino también la presencia de un esquema de colusión entre actores políticos y empresariales. Esta trama, que involucra a múltiples jurisdicciones, plantea desafíos para la institucionalidad, al tiempo que resalta la importancia de los procesos judiciales en la transparencia del Estado.
El comienzo del juicio oral de Vialidad II marca un punto crucial en la lucha contra la corrupción, pero también revela la complejidad de un sistema que, pese a los esfuerzos judiciales, sigue enfrentando dificultades para desentrañar redes de poder que operaron durante décadas. La continuidad de las investigaciones podría tener un impacto significativo en la percepción pública de la política argentina.
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