Contratista de Adorni no recuperó celular pero pagó deudas al ARCA

Hace semanas, Manuel Adorni transitaba tranquilamente por las calles de Indio Cua, su country reformado, acompañado por su familia. El ex funcionario, que dejó de ser cargo público sin generar incidentes visibles, sigue protegido por una custodia oficial hasta diciembre. Sin embargo, su contratista, Matías Tabar, vivió una experiencia distinta: fue investigado por una operación que involucró más de 245 mil dólares en refacciones para la propiedad del lote 380.

Refacciones y deudas: el núcleo del escándalo

El constructor, que suele visitar a su socia Josefina Canitano en el barrio cerrado de Exaltación de la Cruz, detalló a la fiscalía cada gasto realizado en la casa de Adorni. Según testimonios judiciales, Tabar realizó pagos en efectivo y en cuotas durante más de seis meses al matrimonio Adorni-Angelletti. Sin embargo, su teléfono permanece incautado como garantía para cubrir las obligaciones fiscales. La fiscalía lo mantiene en poder como aval para los tickets y remitos de la reforma, que incluyeron una pileta con cascada en el jardín trasero.

La regularización impositiva y el peso de las deudas

En junio, Tabar fue intimado por el ARCA (ex AFIP) para regularizar el IVA y Ganancias que adeudaba por los pagos a Adorni. También se le exigió tributar por la actividad económica que desarrolló en 2024 y 2025. En el marco de este proceso, el contratista devolvió el porcentaje de IVA que le correspondía por la venta de un equipo electrógeno para la casa. Sin embargo, el caso se complicó al revelar que Bettina Angeletti, la esposa del ex funcionario, había escrito el terreno con una casa «anticuada» por 120 mil dólares, lo que generó críticas sobre el uso de recursos públicos.

El escenario legal y los efectos en la carrera política

El juez Gerardo Pollicita, quien investiga el caso, analiza si las refacciones fueron facturadas correctamente y si se cumplieron las normas de transparencia. En tanto, Tabar, que vive en Capilla del Señor, asegura que fue el único protagonista del caso que «tuvo que pagar» tras ser notificado por la autoridad fiscal. Su situación refleja la complejidad de las investigaciones que involucran a funcionarios y contratos privados, un tema que se vuelve crítico en un contexto donde la transparencia fiscal es un foco de atención.

El caso de Tabar no solo pone en relieve los desafíos legales de un contratista, sino también la relación entre la reforma de viviendas y la gestión impositiva. La continuidad de la investigación podría tener implicaciones en la trayectoria política de Adorni, cuya salida del poder fue acelerada por esta controversia. La fiscalía, por su parte, seguirá monitoreando las irregularidades para garantizar la responsabilidad fiscal.